La venezolana Maricer Fernández, quien atravesó siete países hasta llegar a Estados Unidos y pedir asilo, ha superado otro obstáculo que parecía insalvable hace unos meses: conseguir dónde vivir en Chicago junto a su esposo, hijas y nietos.
“Fue una bendición de Dios”, dijo a EFE al relatar cómo un desconocido los ayudó a salir de un refugio provisorio, donde dormían en el piso sobre colchones inflables.
Esa persona, que no los conocía y de quien luego supo era un comerciante jubilado llamado Tom Erd, pagó cuatro meses adelantados de renta y el depósito de garantía para que la familia pudiera instalarse en un modesto sótano del barrio Brighton Park, en el suroeste de la ciudad.
“Para nosotros es como un ángel a quien le vamos a estar eternamente agradecidos”, dijo Maricer, de 40 años. Desde el 17 de mayo vive en Chicago, donde la crisis humanitaria provocada por la llegada masiva de refugiados no parece tener fin.
Los fondos oficiales de ayuda escasean y las organizaciones civiles han tenido que redoblar esfuerzos para ayudar a los recién llegados, que vienen mayoritariamente de Venezuela huyendo de la violencia y el colapso económico. Otros vienen de Colombia, Ecuador, Nicaragua e incluso Rusia.
La crisis se agudizó desde abril de 2022, cuando el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, comenzó a enviar autobuses llenos de inmigrantes recién llegados hacia ciudades y estados considerados santuarios, y más de 12.000 extranjeros fueron a dar a Chicago.
A principios de este mes, alrededor de 7.000 permanecían en refugios y comisarías policiales, y cientos de familias se han mudado paulatinamente a los barrios de la ciudad.
En el caso de Maricer, en la calle conoció por casualidad a un voluntario del Consejo Comunitario de La Villita, institución que funciona desde 1967 con fondos aportados por la comunidad mexicoestadounidense para ayudar a los inmigrantes a integrarse.
“El Gobierno nunca nos aportó nada. Todo lo que tenemos y damos sale del corazón de la gente”, dijo a EFE Baltasar Enríquez, presidente del Consejo.
Esta institución conectó a los Fernández con Erd, quien se interesó en ayudar a los recién llegados después de leer libros sobre refugiados y presenciar el arribo a Chicago de autobuses llenos de extranjeros.
Para la mayoría de ellos es difícil encontrar un apartamento en el ajustado mercado inmobiliario de Chicago, y puede resultar mucho más difícil hallar propietarios que acepten inmigrantes y solicitantes de asilo.
UN SALVAVIDAS
La Autoridad de Desarrollo de la Vivienda de Illinois ha estado conectando a inmigrantes en refugios y hoteles de la ciudad con propietarios dispuestos a ofrecer un contrato de arrendamiento a corto plazo cubierto por el estado. La ayuda, que puede durar hasta seis meses, es un salvavidas para los recién llegados que no tienen autorización para trabajar en Estados Unidos.
Pero la espera es larga. Actualmente, la prioridad son los solicitantes de asilo que han estado alojados en refugios por más de ocho meses.
La esperanza de la familia Fernández y de otras personas que reciben asistencia es que al final de un contrato de arrendamiento inicial a corto plazo la familia podrá encontrar suficiente trabajo por su cuenta para cubrir los costos. “Yo quiero trabajar. No quiero vivir de arriba de nadie”, dijo Maricer, cuyo esposo ya consiguió empleo en una fábrica.
Enríquez, del Consejo Comunitario de La Villita, dijo que la “burocracia y el favoritismo” entorpecen la asignación de los recursos destinados al auxilio de los solicitantes de auxilio. “Las ONG de los amigos de políticos, disfrazadas de organizaciones de ayuda, se llevan los contratos y no hacen nada. Quienes atacamos al sistema no recibimos ayuda”, expuso.
Chicago no es la única ciudad que enfrenta dificultades. Hasta el 13 de agosto, 101.200 solicitantes de asilo han pasado por el sistema de asilos de Nueva York, y de ellos 58.500 siguen bajo cuidado de la ciudad.
Y el flujo no se detiene.
Nueva York abrió el domingo en la Isla de Randall, en el distrito de Manhattan, un centro para inmigrantes recién llegados que tendrá capacidad para albergar hasta 3.000 adultos solos. También evalúa usar como refugio las instalaciones de una prisión federal desocupada.
El mismo problema llevó a principios de mes a la gobernadora de Massachusetts, la demócrata Maura T. Healey, a declarar el estado de emergencia debido a la falta de albergues para los solicitantes de asilo, y dijo que la situación es «insostenible».
El calificativo también ha sido usado por el Ayuntamiento de Denver (Colorado). Un reporte publicado en junio consideró que el gasto de 17,5 millones de dólares durante los últimos siete meses para ayudar a miles de indocumentados recién llegados a la ciudad resulta “insostenible” y podría afectar a corto y largo plazo los servicios municipales. EFE
