En los últimos 5 años, los ecuatorianos hemos acudido a las urnas en 2 ocasiones para pronunciarnos acerca del Parque Nacional Yasuní.
El 4 de febrero de 2018, a través de consulta popular se preguntó sí, estaban de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas, cuyo resultado fue el apoyo positivo de más del 67 % de los ciudadanos.
Por su parte, el pasado 20 de agosto de 2023, se consultó sí, estaban de acuerdo en que el gobierno nacional mantenga el crudo del bloque 43 – ITT (Ishpingo-Tambococha-Tiputini), indefinidamente en el subsuelo, cuyo resultado fue el 58 % de aceptación.
Se debe reconocer que es un triunfo para sus impulsores, los activistas de YASUNIDOS, quiénes tuvieron que superar la burocracia y la negligencia de las instituciones públicas para que su propuesta cumpla los parámetros constitucionales.
En esta ocasión, los ecuatorianos valoraron más el hecho de que el Parque Nacional Yasuní, es uno de los lugares más biodiversos del planeta, así como debido a que es el hogar de poblaciones indígenas en aislamiento voluntario; que, las importantes reservas de petróleo existentes y que es uno de los rubros más importantes para la economía del país.
Sin embargo, el triunfo del “Sí” por el Yasuní, genera una serie de implicaciones que dependen de la voluntad política, y por supuesto de le inversión económica.
Si bien es cierto, el “soberano” se pronunció, ahora hace falta que el gobierno nacional, así como los candidatos que pasaron a segunda vuelta electoral (González y Noboa), expresen su posición, así como presenten un plan para cumplir con el dictamen 6-22-CP/23 de la Corte Constitucional, para que se proceda con el “…retiro progresivo y ordenado de toda actividad relacionada a la extracción de petróleo en un término no mayor a un año desde la notificación de los resultados oficiales”.
Se debe aclarar que, la prohibición se da únicamente en el bloque 43, pues existen otros en la zona del Yasuní que, que podrían ser explotados.
En mi opinión, los activistas que impulsaron la consulta popular por el Yasuní, no solo deberán estar vigilantes para que se cumpla con el retiro de la infraestructura para la explotación petrolera, y que se siga con los parámetros establecidos en el Plan de Manejo Ambiental, sino que además se debe tener presente que dicho retiro puede abrir paso a actividades ilegales en la zona, una vez que la presencia estatal salga del territorio, situaciones que podrían provocar deforestación, cacería y comercialización de fauna y vida silvestre, asentamientos ilegales, entre otros. (O)
