El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Alberto Otárola, y varios ministros del gabinete presentaron este martes ante la Comisión de Constitución del Congreso el proyecto de ley que solicita facultades legislativas para aprobar medidas de seguridad ciudadana, entre otras.
Los representantes del Ejecutivo resaltaron ante la comisión la importancia y urgencia de que el Gobierno apruebe este paquete de leyes para combatir con mayor firmeza el crimen organizado, el crimen transnacional, la trata de personas, la crisis migratoria y los delitos de alto impacto.
Otárola manifestó que van a impulsar un «plan Boluarte» y no un plan inspirado en el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, como lo recomendó el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo. El propio primer ministro también aseguró la semana pasada que «se podría» tomar algunos elementos puestos en marcha en el país centroamericano.
Esta estrategia respetará «plenamente los derechos fundamentales de las personas» y se centrará en la prevención, la lucha frontal contra el crimen organizado y el narcotráfico, así como el fortalecimiento de la Policía Nacional como institución que dirige la política de seguridad.
Por su parte, el ministro de Interior, Vicente Romero, explicó que este plan pretende mejorar la calidad de la formación de los futuros oficiales y suboficiales de la Policía, así como el reforzamiento de las capacitaciones y la meritocracia en la carrera policial y destrabar los procedimientos de gobiernos locales y regionales para aumentar la inversión en infraestructura y herramientas para los agentes.
Busca también modificar las normas para hacer efectivas las sanciones contra los extranjeros que ingresan al país de manera ilegal y están inmersos en distintos delitos.
El titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Maurate, centró su exposición en argumentar lo necesario que considera impulsar medidas que mejoren el sistema carcelario, al que definió como «dramático».
Indicó que las cárceles tienen una superpoblación del 226,8 %, por lo que es necesario construir más centros penitenciarios y deben promulgar leyes que castiguen la corrupción en los penales.EFE
