Un segundo proyecto minero, de los tres que hay en Cuenca, queda suspendido. Se trata de Loma Larga, antes conocido como Quimsacocha, cuya concesión también está en las jurisdicciones de Girón y San Fernando.
En esta área se estima que hay 33.284 toneladas (t) de cobre; 10,5 millones de onzas troy (ozt) de plata y 2,6 millones de ozt de oro. La vida útil de esta intervención está calcula que sea entre 2023 y 2034.
La Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte de Justicia de Azuay este 28 de agosto dispuso su paralización luego de concluir que se vulneró el derecho a la consulta previa, libre e informada, que debe ser hecha por el Estado.
Ordenó que se cumpla con esto, pero además que se haga una consulta ambiental, prevista en el artículo 398 de la Constitución del Ecuador y que debe ser cumplida antes de la emisión de una licencia ambiental.
Igualmente mandó a que el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) presente un informe completo del estado actual del Área Nacional de Recreación Quimsacocha, junto a donde está Loma Larga.
De esta forma se ratificó en segunda instancia una primera sentencia, que fue dictada en julio de 2022 por Juan Carlos Cárdenas, juez de la Unidad Judicial de Trabajo, de Cuenca.
La FOA presentó una acción de protección contra Loma Larga
Todo este proceso judicial se dio en respuesta a una acción de protección presentada el año pasado por Arariwa Sigcha, presidente de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA).
Sigcha ayer dio una rueda de prensa acompañado de mujeres dirigentes campesinas de la zona de influencia y anunció que se trata de una “sentencia histórica para la defensa del agua en Ecuador”.
“Hemos venido luchando por décadas y nuestro sueño ha sido siempre erradicar de raíz en Quimsacocha el extractivismo minero, que está afectando a nuestros páramos…”, mencionó.
Advirtió que se mantendrán vigilantes para que se cumpla esta decisión judicial, pues denuncian el ingreso de grandes camiones en los últimos días a esta zona minera. Tiene videos y fotografías que así lo evidencian.
Yaku Pérez, excandidato a la Presidencia del Ecuador, fue el patrocinador legal de este proceso judicial en representación de la FOA. “Esta victoria es colectiva, no queremos asumir una persona ni una sola comunidad…”, señaló.
Pérez manifestó que esta decisión judicial puede ser apelada ante la Corte Constitucional del Ecuador (CCE), pero advirtió que ahora presentarán una impugnación para que se aclaren algunos puntos de la sentencia.
Respuesta de minera
Dundee Precious Metals (DPM), de Canadá, que es la empresa minera concesionaria de Loma Larga, emitió un comunicado de prensa por medio del que respondió a este dictamen judicial.
“Con base en el análisis preliminar de la compañía, la decisión reafirmó las concesiones mineras de DPM para el proyecto Loma Larga y aclaró que el Estado debe realizar una consulta libre, previa e informada…”.
Comunicó que esta consulta previa ya ha sido planificada por la empresa como parte del desarrollo de este proyecto, que está situado entre 3.600 y 3.964 metros sobre el nivel del mar (msnm).
Igualmente consta en el documento que “el MAATE tendría que presentar a la Corte estudios adicionales sobre el impacto del proyecto en los recursos hídricos…. antes de avanzar a la fase de explotación”.
“La compañía seguirá implementando los más altos estándares aplicables para la protección ambiental… y colaborará con el gobierno para delinear los próximos pasos para las actividades de consulta…”, consta en el escrito.
Informó igualmente que la compañía mantendrá canales de comunicación abierta y transparente con todas las partes interesadas, bajo su propósito corporativo: transformar recursos y generar valor compartido para todos.
Consulta previa en proyecto minero Loma Larga
Patricio Alarcón, abogado y consultor en derecho ambiental, explicó que para que Loma Larga pueda continuar, el Estado, por medio del MAATE, deberá cumplir con las consultas previa y ambiental.
Explicó que el derecho de consulta previa está consagrado en el artículo 57 de la Carta Magna y obliga a que las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades sean consultados sobre intervenciones en sus territorios.
“Se les tiene que consultar sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente…”, acotó.
Añadió: “la consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna, con el fin de que la comunidad tenga la posibilidad de opinar sobre su futuro…”.
Por otra parte indicó que en caso de que la concesionaria decida no continuar con el proyecto por la falta de garantías legales, podrá presentar una demanda al Estado para recuperar lo que ha invertido, además de los perjuicios.
Minería ilegal
Para Marcelo Tinoco, ingeniero en minas y consultor, este tipo de dictámenes judiciales hacen que los inversores extranjeros dejen de ver a Ecuador como un país atractivo para sus inversiones.
“Y no me refiero solo a la minería, sino a cualquier otro proyecto o negocio que tenga capitales extranjeros. Es simple, si el inversor no tiene seguridad jurídica para sus inversiones, se va a otro país y listo…”, manifestó.
Tinoco explicó que Ecuador tiene un potencial en materia minera que lo comparte geológicamente con otros países como Chile y Perú, pero lamentablemente no ha sido aprovechado.
“Podemos decir que la minería ya supera los 2.000 millones de dólares en exportaciones… Tenemos dos productos estrella en la exportación: el camarón y la minería…”, citó este especialista.
Adelantó que hay 10 minas industriales que están por concretarse y que pueden lograr incluso que la exportación de metales supere al petróleo como principal producto de venta la exterior.
De igual forma Tinoco manifestó que las zonas mineras donde se paralicen los trabajos están en riesgo de ser tomadas por mineros artesanales, que provocan grave contaminación.
De allí que recomendó que sean encargadas a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) mientras se resuelven todas las disputas legales y se llega a una decisión definitiva.
Proyecto Río Blanco
En junio de 2018 Paúl Serrano, juez de la Unidad Judicial de lo Civil de Cuenca, dispuso que se detenga el proyecto minero Río Blanco, que está en Chaucha y Molleturo, debido a que no se cumplió la consulta previa.
En agosto de este mismo año la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte de Justicia de Azuay confirmó este dictamen judicial y negó una apelación presentada por el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE).
Río Blanco, a cargo de la empresa Junefield Ecuagoldmining South América, de China, tiene una reserva de 605.000 onzas (oz) de oro y de 4.307 millones de onzas de plata.
El campamento de esta minera fue incendiado en 2018 por algunos pobladores de la zona y los trabajadores que allí estaban tuvieron que salir por temor. Este lugar quedó prácticamente abandonado.
En este caso también fue la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA) la que presentó una acción de protección contra esta intervención minera.
Junefield Ecuagoldmining South América en 2022 inició una demanda al Estado con el fin de que se le pague unos 480 millones de dólares, que perdió por dejar esta concesión minera.
Ruta del Cobre
El proyecto minero Ruta del Cobre está ubicado en Chaucha, en Cuenca. Está concesionado a la compañía minera Ruta del Cobre, cuya casa matriz es Grupo México.
Entre 2012 a 2019 en este se ha hecho una inversión de 35.49 millones de dólares. Para 2020 se planificó invertir 2.80 millones. Hasta el tercer trimestre de 2020 se ejecutaron 3.62.
Este proyecto consta de tres concesiones, con sus nombres específicos: Janeth1, Janeth 2 y Janeth 3. La primera tiene licencia para exploración avanzada mientras que las otras dos para exploración inicial.
Detalles
Junefield Ecuagoldmining South América en octubre de 2019 evacuó a todo su personal del proyecto minero Río Blanco.
Río Blanco es una concesión minera que inició en 1993 a cargo de la empresa Rio Tinto-Zinc Corporation (RTZ), de Gran Bretaña.
En San Pedro de Yumate, en Molleturo, al ingreso al proyecto Río Blanco, se han registrado graves hechos de violencia.
