Los ciudadanos han expresado su voluntad en la Consulta Popular del Yasuní y Chocó Andino, sin embargo, los resultados no pueden analizarse ni resignarse desde el absolutismo del triunfo del “Sí”. Si bien la postura de quienes se decantaron por el Sí es legítima, también lo es la decisión de aquellos ecuatorianos que se han opuesto a que el país cierre la puerta a una actividad formal, responsable y respetuosa del medio ambiente que supone progreso, crecimiento y desarrollo.
Es legítima la postura de aquellos que han entendido que el cuidado y la responsabilidad ambiental no se contraponen a la industria. Esas personas que comprendieron que decirle NO a la industria formal es abrir el espacio para la extracción ilegal y todo lo que ello supone. El Estado y los gobiernos locales tienen la responsabilidad y el deber de escuchar y dar cabida, también, a las voces de esa ciudadanía y evitar adoptar posturas extremas que descarten el diálogo y el conocimiento técnico.
En el caso del Chocó Andino, previo al plebiscito, pobladores de la zona de Pacto mostraron su rotundo apoyo al desarrollo de la minería legal argumentando el impulso a la actividad formal y el crecimiento del encadenamiento productivo. Estas reacciones nos brindan una perspectiva de la importancia que tiene la industria minera responsable y los cambios profundos que puede generar en un territorio.
En este sentido, desde la industria minera vemos con gran preocupación el nuevo panorama al que se enfrentan las actividades extractivas en el país, pues además de detener una significativa fuente de ingresos para el Estado, afectan las inversiones sociales que se generan en las zonas de influencia directa, las cuales evidencian que la industria es un agente promotor de la sostenibilidad. Ello sin dejar de lado que se frena la posibilidad de integrarnos a un proceso de transición energética.
No quisiera dejar de lado uno de los mayores riesgos de este escenario, abrirle la puerta a la ilegalidad. Los lugares en los que existen minerales no dejarán de ser atractivos para su extracción, pero esta vez desde la irresponsabilidad y la total falta de conciencia ambiental para proteger los recursos naturales, como lo hace hoy la minería ilegal.
Hoy debemos preguntarnos si el “Sí” que se otorgó en las urnas, realmente nos beneficia como ecuatorianos o genera un retroceso en el desarrollo de las comunidades, el progreso económico del país y la adecuada gestión ambiental. (O)
