La votación mayoritaria a favor de dejar bajo tierra el petróleo que yace en Yasuní responde a un fuerte argumento ecológico en pro del respeto a la naturaleza. Sin embargo, mientras algunos celebran esta decisión, las sombras de las posibles consecuencias empiezan a asomar, sugiriendo que la situación podría ser más compleja de lo que inicialmente se pensaba. Los principales desafíos son:
1) Dejar la puerta abierta a la ilegalidad y desprotección de la reserva. 2) El impacto en el sustento de la población local ya instalada. 3) Los cuantiosos costos económicos del desmantelamiento de las instalaciones. 4) Las consecuencias ecológicas de la desinstalación. La remoción de tuberías y equipos van a generar residuos tóxicos y dejar zanjas grandes, afectando potencialmente la flora y fauna circundantes. La ironía radica en que la misma acción destinada a preservar la naturaleza podría tener repercusiones ambientales no deseadas. 5) La pérdida de regalías para las provincias donde se encuentran los yacimientos. 6) El impacto en el presupuesto nacional que con seguridad impedirá subsanar cuestiones críticas como la pobreza, la educación, la salud y la inseguridad, en la que nos han sumido los tres últimos gobiernos caracterizados por la corrupción descarada, la ineptitud y la irresponsabilidad.
Por otro lado, también está la cuestión constitucional. La consulta se la realizó sin tener en cuenta lo que expresamente se dice en ella, que se hará a las poblaciones en donde se encuentren los yacimientos. ¡Claro!, ya saldrán los demagogos a justificar con sus típicas leguleyadas.
Nadie estamos de acuerdo que se irrespete a la naturaleza ni se atente contra la ecología, pero en este caso hubiese sido mejor EL MAL MENOR: optar por lo pragmático; confiando que la ciencia y la técnica actuales garantizan una extracción mucho más limpia. Exigiendo también y con valentía, que los gobernantes y quienes están al frente de estas gestiones no roben, no desperdicien, no festinen los dólares en su favor, y se revierta en bien integral de la nación. Pero el ecologismo, la demagogia y la ignorancia de muchos, incluso de ciertos clérigos ilusos poco críticos, prefirió lo contrario. De ahí que la educación, la comunicación y la transparencia sean fundamentales para garantizar que la voz de la población se escuche de manera efectiva y que las decisiones se tomen considerando tanto el bienestar a corto plazo como las implicaciones a largo plazo. (O)
