Administrar una ciudad, pero administrarla de manera correcta, ubica en la realidad a los alcaldes; los desobnubila y los pone a escoger entre el aplauso pasajero, quedar bien, conservar simpatías electorales, o tomar decisiones, en algunos casos, drásticas, de alto costo político, ni se diga si son económicas.
Si de por medio está el bien común, garantizar el suministro de servicios para mediano y largo plazo, pero con calidad y ampliando la cobertura; dar sostén financiero a las empresas públicas, en cuya cúspide deben estar los beneficiarios de esos servicios, cualquier decisión resulta positiva, así al principio sacuda o cauce estragos políticos.
Para el efecto, ha de tomarse muy en cuenta transparentar la información sobre las decisiones a tomarse, comunicándolas, socializándolas con todos, demostrando con la verdad, si es con cifras mejor, cuan necesarias son, urgentes a lo mejor, para lograr las metas trazadas.
El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, anunció su propuesta de revisar las tarifas de agua potable y saneamiento, una decisión pospuesta por sus dos antecesores inmediatos, pese a conocer la crítica situación financiera de la empresa ETAPA, cuyos servicios, a más del anotado, el de telecomunicaciones, no rinden de acuerdo a las proyecciones, mucho más dentro de un agresivo mercado competitivo.
Actualmente, en la categoría residencial por cada metro cúbico de agua esa empresa cobra entre USD 0,41 y USD 0,73, pero producirlo le cuesta USD 1,35.
Las plantas de El Cebollar y Tixán requieren mantenimiento y obras adicionales. La ciudad crece y con ello la demanda de agua potable.
Lo más grave: en varios sectores rurales del cantón aún se consume agua de acequias o la tienen a cuentagotas, o sus sistemas comunitarios ya no son suficientes. Y dotarlas cuesta mucho dinero.
“Sincerar” las tarifas implica considerar varios ítems socio-económicos. Allí está el reto, a más de persuadir con liderazgo.
