Uno de los condenados por una violación grupal en los Sanfermines de 2016, conocidos como La Manada, un caso que provocó un gran impacto en toda España, vio reducida su pena en un año, en aplicación de la ley sobre libertad sexual, informó este martes el Tribunal Superior de Justicia de la región de Navarra.
Esta ley, aprobada por el Gobierno de coalición progresista y conocida como del «solo sí es sí», ha causado una fuerte polémica en España al provocar la rebaja de un millar de condenas de agresores sexuales y un centenar de excarcelaciones, hasta tal punto que la norma se volvió a reformar en abril de este año para recuperar las horquillas penales del Código Penal anterior.
La ley acabó con la distinción entre abuso y violación e hizo del consentimiento expreso la clave para juzgar delitos sexuales, por lo que amplía las posibilidades de infracción, pero, por otra parte, redujo penas a los violadores.
En este contexto, el tribunal redujo la pena a Ángel Boza, uno de los miembros de La Manada, condenado a 15 años.
Esta violación grupal causó una ola de repulsa en toda España e impulsó la redacción de la citada ley.
La resolución judicial apoya una rebaja que considera «razonable conforme con la legalidad, respetuosa con las reglas legales básicas de determinación de la pena y acomodada a los criterios de proporcionalidad».
Además, explica que la actual ley «es más favorable» para el condenado y, por tanto, se aplica en vez de la anterior por la que fue condenado, como establece la legislación española.
La sentencia cuenta con el voto a favor de dos magistrados y uno discrepante de una magistrada, quien considera que también debe de tenerse en cuenta «la gravedad de los hechos».
Teresa Hermida, abogada de la víctima, manifestó a EFE su intención de recurrir la rebaja ante el Tribunal Supremo de España, para lo que previsiblemente se apoyará en lo argumentado en el voto particular.
La rebaja reavivó el conflicto político que genera en España la aplicación de esa ley, duramente criticada desde la derecha mientras que el Gobierno de izquierda, ahora en funciones tras las elecciones de julio, la defiende aunque lamenta «efectos indeseados» como la reducción de penas y la excarcelación de delincuentes sexuales.
El líder del conservador Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acusó al Gobierno en funciones que preside el socialista Pedro Sánchez de que ni es feminista ni apoya a las mujeres.
Por su parte, la portavoz del Ejecutivo en funciones, Isabel Rodríguez, defendió que la ley «da esa protección integral a la víctima desde el primer momento hasta un acompañamiento en el futuro».
