Una vez que se instale la nueva Asamblea Nacional, esta tendrá una apretada agenda legislativa, en la cual se deberán priorizar aspectos relativos a la seguridad, al combate al crimen organizado, la generación de empleo, pero existen tres cuestiones en materia ambiental que, se deberían atender:
La primera, la necesidad de contar con una nueva ley que regule los recursos hídricos, usos y aprovechamiento del agua, con el propósito de dar respuesta a la declaratoria de inconstitucionalidad que dictó la Corte Constitucional, a través de Sentencia No. 45-15-IN/22, el 12 de enero de 2022. Sobre este tema, es importante mencionar que el Ejecutivo en cumplimiento de lo dictado por el alto tribunal, envió ya el proyecto de ley, el cual reposa en el seno de la Asamblea Nacional. No obstante, se deberá cumplir con el proceso de consulta prelegislativa.
En segundo lugar, no se puede descuidar la tensión que existe entre la explotación de los recursos naturales y los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas. Por ello, al tratarse de un derecho reconocido en la Constitución, se debe promulgar a través de ley, una que regule la consulta previa, libre e informada. Pues solo de esta manera, el Estado cumplirá con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, y a la vez, se destrabarán algunos proyectos prioritarios para el país.
Y, en tercer lugar, se deben realizar las respectivas reformas al Código Orgánico del Ambiente, sobre todo relacionados con la consulta ambiental o también conocida como proceso de participación ciudadana, el cual tiene por propósito que la población que pueda ser afectada de manera directa sobre la posible realización de proyectos, obras o actividades, pueda expresas sus opiniones y observaciones.
En estos dos últimos casos, el 31 de julio de 2023, la Corte Constitucional en el Caso 51-23-IN, aceptó como medida cautelar la suspensión provisional del Decreto Ejecutivo No. 754, relativo a la reforma el Reglamento al Código Orgánico del Ambiente, en el cual constaban normas expresas relativas a la consulta ambiental y a la consulta previa.
Resulta fundamental que, la nueva Asamblea Nacional, establezca como prioridades la generación de normas que respeten los principios del derecho constitucional ambiental y de los derechos de la naturaleza, para de esta forma permitir que se continúe con la tramitación de las licencias ambientales de cientos de proyectos, pues hasta que no se cuente con esta normativa, no se puede avanzar con su ejecución, lo cual afecta a la economía del país, así como a la seguridad jurídica de las inversiones que se realizan.
