Las veedurías ciudadanas podrían estar degenerándose; y lejos de cumplir su rol constitucional, sirviendo para otros fines, entre ellos los de la politiquería.
Establecidas como un mecanismo de control social, mediante el cual los ciudadanos pueden vigilar, fiscalizar y controlar la administración y gestión de lo público, su manoseo es evidente en muchos casos.
El mismo poder suele exigir veedurías invocando transparencia, pero cuando los resultados le son adversos o no están de acuerdo a sus planes, los miembros hasta son enjuiciados o antes prefieren retirarse. Ejemplos como estos los hay muchos.
En otros casos hay veedores, hasta de manera interpuesta, siempre listos para cualquier tarea, sobre todo cuando de por medio están los intereses de determinado sector político, en cuya gestión nacieron tales instancias con el pretexto de participación ciudadana, pero desvirtuándola de su real objetivo.
Ahora mismo, el país atestigua la controversia – a ratos como armada a propósito – surgida por una veeduría en ciernes, con la cual se quiere echar al tacho de la basura las resoluciones del transitorio Consejo de Participación Ciudadana (CPC), a las cuales la Corte Constitucional (CC) las blindó, es decir, nadie las puede revisar, mucho más si son el resultado de una consulta popular.
Y es una sola persona la causante de semejante alboroto. Nadie niega su derecho ciudadano, pero por el lugar donde presentó la acción de protección en pro de la veeduría, hay motivos para conjeturar sobre los verdaderos intereses camuflados.
La resolución positiva de un “juez de barrio” causó alborozo en el actual CPC, en especial de su presidente cuya postura política todos lo saben, si bien la CC reaccionó exigiéndole cuentas.
De finalmente prosperar, a la tal veeduría irán a parar quienes quieren tumbar la actual CC y demás autoridades nombradas por el CPC presidido por Julio César Trujillo.
Para esos fines oscuros las veedurías ciudadanas no hacen falta. (O)
