En el umbral de unas elecciones cruciales es vital reconocer la importancia de establecer una sólida política de Estado que proteja y promueva la industria en Ecuador. Este es un pilar económico que no solo tiene el potencial de impulsar el crecimiento y el desarrollo sostenible, sino que también pueden marcar la diferencia en la calidad de vida de sus ciudadanos.
El sector minero, concretamente, puede ser un motor para el progreso económico. Las riquezas naturales de Ecuador, como los metales preciosos, tienen el poder de generar inversiones y oportunidades de empleo significativas. Al establecer una política que fomente la inversión en la industria minera bajo estándares responsables y sostenibles, podemos aprovechar esta fuente de ingresos para financiar programas sociales y proyectos de infraestructura.
No obstante, es esencial que esta política se fundamente en la transparencia y el compromiso con el cuidado del medio ambiente. La industria minera ha demostrado que puede coexistir en armonía con la naturaleza y las comunidades locales, generando bienestar entre las mismas y cumpliendo todos los requerimientos legales, técnicos y ambientales.
En este sentido, la estabilidad jurídica es un pilar fundamental. Las empresas y los inversionistas requieren un entorno en el que puedan planificar a largo plazo sin temor a cambios bruscos en las regulaciones o políticas gubernamentales. La creación de una política de estado estable proporciona la certeza que necesita el sector privado para invertir y crecer.
Lamentablemente, hechos recientes como el fallo de la Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Azuay en relación con una acción de protección constitucional vinculada al proyecto minero Loma Larga, va en contra de muchas de las disposiciones ya estipuladas en el marco jurídico del país y retrasa la instauración de dicha política de estado.
La generación de empleo, la inversión en infraestructura y la protección del medio ambiente son desafíos que trascienden las diferencias ideológicas. Independientemente del espectro político, la construcción de una política de estado que proteja y promueva tanto el sector minero como la industria manufacturera debe ser una prioridad. Solo a través de una colaboración constructiva y un enfoque en el bienestar a largo plazo de Ecuador y sus ciudadanos, podemos sentar las bases para un futuro próspero y sostenible. Las elecciones ofrecen la oportunidad de avanzar en esta dirección, y es responsabilidad de todos asegurarnos de que el camino elegido conduzca al éxito de nuestra nación. (O)
