Este delito, más conocido como “vacunas”, día tras día se expande por todo el territorio nacional.
Si bien es de larga data en otros países, se trata de otra forma delictiva con la cual el crimen organizado pone en vilo a la sociedad ecuatoriana.
Según analistas, ante las pérdidas millonarias por la incautación de cientos de toneladas de cocaína; igual por la fabricación de drogas sintéticas – el fentanilo, por ejemplo – cuyos costos en el mercado negro son extremadamente bajos, las bandas delictivas ven en la extorsión la manera de seguir embolsándose el dinero robado.
Los métodos usados para obligar a pagar las cantidades de dinero exigidas son por todos conocidos, como también lo es la manera de actuar si las víctimas no se someten.
Imposible señalar cuántos ecuatorianos viven esa pesadilla; cuántos se atreven a denunciar en la Fiscalía; cuántas denuncias se quedan sin tramitarse; cuántas se retiran por amenazas; y, lo peor, cuántos pagan las “vacunas”, asimismo por miedo.
No está confirmado por la Policía Nacional, pero las bandas de “vacunadores” habrían delimitado los territorios en algunas ciudades, y ahora los defienden a bala, como proceden con los establecidos para el microtráfico.
Actúan en las sombras; muchos de sus “líderes” pasan una vida plena en las cárceles, desde donde los dirigen, y si son detenidos los ponen en libertad de inmediato.
Las consecuencias están a la vista: se cierran negocios, se van a pique las plazas de trabajo, bajan las ventas por temor de los clientes, hay grandes pérdidas materiales por la quema de locales o por explosiones. Algunos comerciantes dejan el país. Otros han sido asesinados.
Se llega al colmo: extorsionar a choferes del transporte escolar, a quienes abastecen de agua potable a barrios marginales, por construir obra pública o privada, a profesionales de la salud.
Un execrable delito, hasta cierto punto, impune. Así no se puede trabajar, ni vivir en paz. (O)
