Lima.- La compraventa de bebés, prostituir a mujeres migrantes con el engaño de conseguir un empleo y utilizar a adolescentes pobres para trabajar en regímenes de explotación en minas son distintas caras de la misma moneda. La trata de personas es una lacra que mancha diversas realidades de la sociedad peruana y este sábado se recuerda que aún queda mucho para hacer.
«Las cifras de la Policía nos dan proporcionalmente un indicativo de que la víctima (de trata) es básicamente mujer (85,3 %) joven y menor de edad y la principal finalidad de la explotación es la sexual (83,3 %), pero vemos que está subiendo la cifra de explotación laboral», explica a EFE el director ejecutivo de CHS Alternativo, Ricardo Valdés, conforme a cifras oficiales entre 2017 y 2022.
Detalla que dentro de las explicaciones que dan, tanto la Policía como el Ministerio Público con respecto a las principales formas de captación, es que la gran mayoría de los casos están centrados en la falsa oferta de empleo y el medio es el engaño.
Con motivo del Día Nacional de la lucha contra la trata, la organización sostiene que es un delito muy complejo y que para combatirlo se debe realizar tareas de prevención, de persecución del delito, atención a víctimas y su reintegración.
Unas labores que implican a diversos sectores, como al Ministerio de Educación, Salud, Trabajo, Interior, Justicia, y también a la Fiscalía, el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad.
Cambio de modelo
El mapa de la trata en Perú se ha internacionalizado debido a la llegada de migrantes, mayormente de Venezuela, y el incremento del uso de la tecnología en menores, entre otros factores.
«Con el fenómeno migratorio, más de 1.200.000 personas (de Venezuela) entraron al país de manera formal o informal. Esto ha creado un cambio en la morfología del delito de explotación sexual”, sostiene Valdés.
Indica que esta migración ha causado más víctimas al negocio porque es “gente muy vulnerable, que viene con pocos recursos y que es engañada y, por lo tanto, también es explotada”, un cambio en el itinerario de las redes de trata, y una “internacionalización de la criminalidad”, que implican a más países, además de Venezuela.
Este fenómeno se explica con la presencia de organizaciones criminales extranjeras que tienen mucho poder en zonas de frontera, por tanto son especialmente bandas brasileñas, ecuatorianas y colombianas.
CHS Alternativo ha podido constatar en trabajo de campo en el norte amazónico del país que, por ejemplo, existen situaciones de trabajo forzoso en poblaciones indígenas, por parte de organizaciones ligadas al narcotráfico y que les obligan a trabajar ahí.
Y recuerda que la trata de personas no es un delito aislado, está asociado a muchos otros delitos como sicariato, el control del territorio, muy comunes en las economías criminales.
Por otra parte, otra de las nuevas características del nuevo modelo es un incremento del uso de la tecnología a raíz de la pandemia de la covid-19, momento a partir del cual todos los estudiantes tenían que acceder a Internet para estudiar.
Lo que ha multiplicado los casos de captación de menores para fines sexuales, por ejemplo, por lo que es necesario que el patrullaje no solo sea en las calles, si no también en las redes.
Presupuesto insuficiente
Recuerda que se han dado avances en los últimos años, como el crecimiento de fiscalías especializadas en este delito, defensores públicos que se dedican a este tema, lo que permite que la víctima tenga la posibilidad de ser defendida por el Estado. También hay una policía especializada a nivel nacional y centros de atención para víctimas menores de edad.
En el país existe una Política Nacional muy ambiciosa que va de 2021 a 2030, pero el experto advierte que sin presupuesto no es posible llevarla a cabo.
“En la práctica tenemos un marco normativo muy poderoso, muy importante, pero no una reacción política del Estado», dice al añadir que “una cosa es el discurso, y otra cosa es la acción y hay una brecha muy importante entre lo que se dice y lo que se hace”.
Además de la persecución del delito de la trata en todos los niveles, se necesitan inversiones para acciones de prevención, para que las personas, especialmente las más vulnerables, sepan que las situaciones que viven son trata y pueden denunciarlas, y centros de reinserción de víctimas.
«A lo largo de los años ha ido decreciendo el presupuesto, hasta llegar a ser insignificante prácticamente en el año 2021, que llegó a ser un poco más de 4 millones de soles lo cual, dividido entre la población peruana, da un promedio de 12 centavos de sol por persona (3 céntimos de dólar)», afirma Valdés.
Concluye al indicar que si el modelo se está complejizando, tanto en áreas de difícil acceso como zonas de frontera y en las redes, el modelo de actuación para hacerle frente tendrá que ser radicalmente distinto. EFE
