El IESS adeuda decenas de millones de dólares a los centros médicos particulares, hacia los cuales deriva a pacientes-afiliados, por lo general, con enfermedades crónicas.
Al IESS el Estado le adeuda miles de millones de dólares, ocupa su dinero cuando quiere; amenaza, sutilmente, con no pagarle los intereses; elimina, como en 2015, el aporte del 40 % para el Fondo de Pensiones (FP), y se desentiende cuando le reclama.
El IESS también es víctima de su propia crisis estructural, de su burocracia inimaginable, de su ley caduca, de la corrupción, de haber extendido la cobertura a otros segmentos de la población, pero sin el respectivo financiamiento o pagando mínimos aportes, de la morosidad patronal, de menos ingresos mientras crece el número de jubilados, de manejos politiqueros, y de decir no a todo cuando se intenta darle un giro radical ante la inminente quiebra, en especial de FP.
En medio de ese panorama reflota el IESS. Ahora mismo, representantes de los empleadores en su Consejo Directivo reclaman al Gobierno lo adeudado al FP: USD 1.250 millones. Esto “pone en riesgo la sostenibilidad del sistema”.
Por ventaja, la Corte Constitucional restituyó el aporte del Estado para el FP (40 %) tras haber sido eliminado de un solo tajo durante el Gobierno de Correa, como siempre, a la brava, causando un perjuicio de 8.927 millones.
El actual Régimen hizo constar en el Presupuesto General del Estado (PGE) el pago de USD 2.186 millones. Sólo ha cancelado 338 millones. Como consecuencia, el IESS se ve forzado a desinvertir del Portafolio del Fondo administrado por el BIESS.
Lo ha hecho por USD 480 millones. Pude subir a 1.511 millones hasta el cierre del presente ejercicio fiscal.
Paradójicamente, el BIESS financia el PGE a través de la compra de bonos soberanos; es decir, con dinero de los afiliados.
Un círculo vicioso insostenible, en tanto el IESS, su Fondo de Pensiones caminan por la cornisa. ¿Hasta cuándo?
