Inseguridad, manoseo e intereses ocultos, parecen ser la tónica en ciertas entidades públicas, de cuyo accionar depende la institucionalidad del país.
Se asiste a una lucha de poderes y hegemonías orquestados por el todopoderoso Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), dada su potestad para nombrar a las más altas autoridades del Estado, una atribución arrancada a la Función Legislativa a pretexto de descontaminar del tufo político esas designaciones, cuando más se lo propicia a favor de determinados sectores partidistas.
Ese organismo ha hecho todo lo posible para desplazar a la fiscal general Diana Salazar, inclusive a los jueces de la Corte Constitucional, envalentonados en cuestionadas veedurías ciudadanas.
Los miembros del Cpccs podrían ser destituidos por la CC, cuyo dictamen con el cual blindó las resoluciones del Consejo Transitorio trataron de vulnerarlo acatando la polémica decisión de un juez para integrar tal veeduría, solicitada por una persona en particular. ¿A quién responde esta persona?
Por la destitución se escuchan muchas voces, como quien se sienta un precedente, en tanto los aludidos se defienden anclándose en la decisión del juez, sin siquiera haberla apelado si tanto dicen respetar el blindaje citado. Más bien siguieron adelante en la integración de la veeduría.
En ese ambiente, el Cpccs organiza el concurso para designar al nuevo contralor. Lo suspendió un juez. Y justo cuando sus consejeros penden de un hilo, quien planteó la acción de protección por presumir vulneración de derechos constitucionales, desiste de la demanda. Por lo tanto, sigue el proceso de selección.
Parece una partida de ajedrez, pero no jugando limpio, con mayor razón si cierto movimiento político, no satisfecho con controlar el Cpccs, pugna porque uno de los suyos, así esté camuflado, sea el custodio de los dineros públicos, y, de hecho, está entre los mejor puntuados. (O)
