El Ecuador ya figura en el “top 10” de los países con mayor criminalidad en el mundo, según el Informe Global Contra el Crimen Organizado Transnacional.
A tal extremo ha llegado la otrora isla de paz dentro de la región andina, atestada por la violencia en diferentes grados.
Es uno de los países “con mayor crecimiento de los mercados criminales en la región” reza el documento. Su contenido debe dolernos, preocuparnos como nación; y al Gobierno, a las fuerzas encargadas de la seguridad, darse golpes de pecho para reflexionar y reaccionar ante tan cruda realidad.
Comparte semejante podio del mal con Myanmar, Colombia, México, Paraguay, República del Congo, Nigeria, Sudáfrica, Irak, Afganistán y Líbano.
A juicio de Marcela Bruno, directora de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, el Ecuador se ha convertido “en un país clave en el mercado internacional de las drogas”.
No ha dicho nada nuevo, ni el país debe sentirse ofendido. Más bien reafirma un criterio casi unánime entre los ecuatorianos. Muchos hablan de la existencia de un “narco Estado”, “narco política”, “narco justicia”; en suma, de un Estado a punto de convertirse en Estado fallido.
Siendo justos, se reconoce la labor de la Policía Nacional y el Ejército en el combate al narcotráfico transnacional, si bien el plan de seguridad diseñado por el Gobierno no ha cuajado del todo por falta de decisión política, de presupuesto, de soporte interinstitucional; pero también por cuanto aquel monstruo, incubado desde hacía varios años, ha corrompido los espacios desde donde debe enfrentárselo.
Empero, la lucha contra el crimen, encabezado por el narcotráfico, es tarea urgente para el próximo Gobierno.
No será suficiente una política de seguridad bien estructurada, con apoyo internacional; también con reformas legales y constitucionales, cuyos vacíos, supuestos derechos, prebendas como la ciudadanía universal a pretexto de libre movilidad, favorecen al crimen organizado. (O)
