La Corte Constitucional de Ecuador destituyó ayer al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Alembert Vera, al considerar que ha incumplido un fallo del mismo tribunal que desarrollaba los límites de la competencia de este órgano, encargado de designar a varias autoridades del Estado.
La sentencia fue aprobada por ocho votos a favor y un voto disconforme, por lo que Vera deberá ser reemplazado por el consejero suplente y su cargo ocupado por la actual vicepresidenta del Cpccs, Nicole Bonifaz.
Vera, abogado cercano al expresidente Rafael Correa (2007-2017), estaba al frente del Cpccs desde mediados de mayo, después de que la composición del órgano fuese renovada en las elecciones locales y seccionales celebradas en febrero, donde el correísmo fue el gran triunfador.
A criterio de la mayoría del tribunal, Vera excedió las funciones y competencias del Cpccs en dos actos emprendidos por esta institución bajo su mando, referentes a revisar la designación de la fiscal general del Estado y de jueces de la Corte Constitucional durante la gestión del anterior CPCCS transitorio.
«Ambos incumplimientos reflejan la repetición de un mismo patrón fáctico: el abuso de mecanismos de participación ciudadana y control social», dictaminó el tribunal, lo que considera que no fue algo accidental.
La sentencia también señaló que la Corte Constitucional seguirá evaluando la responsabilidad de los demás consejeros que apoyaron estas decisiones.
Como argumento de defensa, Vera había alegado que la veeduría sobre las designaciones de los magistrados de la Corte se aprobó en cumplimiento de una sentencia judicial que así lo ordenaba, por lo que el tribunal pidió al Consejo de la Judicatura considerar este fallo en el expediente que le abra al juez en cuestión.
Mientras, la Corte ordenó al Cpccs que en el plazo de diez días laborables anule todas las actuaciones administrativas que han excedido las funciones señaladas en la sentencia del mismo tribunal, que data del año 2019.
El máximo órgano de interpretación de la Constitución ecuatoriana indicó en la sentencia que «las garantías jurisdiccionales están diseñadas para proteger derechos constitucionales y reparar sus violaciones».
«Estas no pueden ser desnaturalizadas por las personas o entidades públicas, pues caso contrario existe un régimen de sanciones en contra de quienes abusen de ellas, así como en contra de los servidores judiciales que las tramiten y concedan en contravención expresa a la ley y la Constitución», concluyó.
En lugar de Vera ingresaría el abogado Juan Esteban Guarderas, quien dijo que «tras meses de ver al Cpccs teñido de política, es tiempo de volver a lo esencial».
«No estamos aquí para agendas políticas, estamos aquí para la gente. Es hora de escuchar y ser la voz de los ciudadanos. Es nuestro turno, Ecuador», dijo Guarderas.
Mientras, el expresidente Correa tildó el fallo de la Corte Constitucional de un gran abuso y de «un nuevo golpe al Estado de Derecho». EFE
