¡Lasso y su Gobierno han perdido la guerra contra la delincuencia! Después hay notable preocupación ante el número cada vez más alto de asaltos, secuestros y asesinatos en todo el país, inclusive lugares supuestamente seguros como las cárceles y en ciudades antes tan tranquilas como Cuenca. En casos de secuestros, la familia, ante el temor de que la víctima sea asesinada, accede a veces en pagar a los delincuentes y se incentiva el delito.
De igual manera se producen a diario asaltos a empresas y domicilios, haciendo gala del mayor cinismo y alevosía. Se introducen los delincuentes, no sólo cuando las casas están desprotegidas, sino cuando en ellas permanecen sus dueños, y cometen el robo y el crimen a la luz del día, en muchos casos con la complicidad de empleados y guardianes, sin que el Estado pueda frenar esta ola delictiva.
Luego del asalto y robo a los domicilios sólo queda la sensación de desprotección de los ciudadanos honestos porque no hay remedio para el perjuicio económico y moral ocasionado. Al contrario, existe la amenaza de que por denunciar el hecho y perseguir a los culpables, nuevos actos delincuenciales de venganza caigan sobre las víctimas.
La colectividad espera una acción eficiente para terminar con esta situación que vulnera las bases de la paz social, el derecho ciudadano de vivir con tranquilidad y con seguridad. La policía nacional debe actuar de manera enérgica, no sólo cuando de por medio está la vida de un secuestrado y existe el justificable temor de la familia de que la intervención de la fuerza pública sea causa de la muerte de aquel, sino ahora mismo desbaratando las bandas organizadas que se dedican a asaltar bancos, etc. y al espantoso negocio de secuestrar personas para luego enriquecerse fácilmente.
Por esto se debe exigir la entrega a la Policía de un buen número de vehículos y armas con las cuales se pueda vigilar mejor los diversos sitios de las urbes en donde pueden cometerse actos delincuenciales. Esperamos la desarticulación de esas bandas de ladrones y narcotraficantes que hacen imposible la vida pacífica en nuestras ciudades y que no sean liberados inmediatamente por obra de jueces corruptos. (O)
