Esta debe ser la premisa urgente en el Ecuador. Su población está harta de confrontaciones, ingobernabilidad, inestabilidad y desinstitucionalización.
Gobernar en el marco de la Constitución, aun en medio de sus vacíos y limitaciones. Cada poder del Estado tiene definidos sus ámbitos. Esto permite los contrapesos, imprescindibles en democracia, si bien hay otros organismos con alta capacidad de decisión, cuyas resoluciones resultan, a veces, un lastre.
Al cerrar este editorial no se sabía quién fue elegido como nuevo Presidente de la República.
Quien lo fue, carga una tarea difícil. Al país lo asedia el crimen organizado. La economía no cuadra con la realidad social. La salud está en crisis. Entidades como el IESS penden, en lo financiero, de un hilo. Las deudas del Estado, heredadas de otros gobiernos, más las adquiridas por el actual, desafinan cualquier presupuesto. No hay obra pública, tampoco inversiones de gran envergadura. Crecen la pobreza y la extrema pobreza; igual la migración, incluyendo la interna como consecuencia de la inseguridad. Las fuentes de trabajo son esquivas para millones de ecuatorianos, entre ellos los profesionales.
Todo un panorama nublado. Es la realidad y mal puede ser soslayada. El nuevo Presidente lo sabe. Pero ¿cuánto puede hacer en apenas un año y medio de ejercer el poder? ¿Se considerará como un Gobierno de transición; y, en tales condiciones, ejecutar prioridades y sentar bases sólidas en otras áreas para aplicarlas a mediano y largo plazo?
Para eso es necesaria la gobernanza. Lo deben entender todos los sectores políticos, aún los perdedores. Si desde ya piensan en las elecciones de 2025, peor maquinando el fracaso de quien ganó ayer, nada se conseguirá.
El nuevo gobernante requiere no solo sabiduría, temple, liderazgo, visión, un buen equipo de trabajo; también apoyo, no zancadillas desde los otros poderes, y un gran acuerdo nacional propiciado por él.
