Sin seguridad no hay paz social ni laboral. Así de simple y contundente.
Cuánto extraña el Ecuador vivir en ese ambiente, arrebatado por la horda narco criminal cuyas secuelas durante 2023 son las más de 7 mil muertes violentas.
Esa cifra significa una tasa de 43 homicidios por cada cien mil habitantes. Todo un récord del mal.
Combatir la inseguridad será la prioridad del nuevo Gobierno liderado por Daniel Noboa.
Los ecuatorianos, hayan votado o no por él, lo exigen. Los delincuentes no solo se acribillan entre sí en calles y cárceles; también hay “víctimas colaterales”. Al parecer, son las más.
Los puertos ecuatorianos son las rutas claves por donde se exportan toneladas de droga, producida en los países vecinos.
Por ello Noboa ha pedido al presidente en funciones convoque de manera urgente al Consejo de Seguridad Pública. Se efectuará la próxima semana.
Allí, el mandatario electo escuchará el informe sobre la situación del país en materia de seguridad a cargo del Ejército y la Policía Nacional. Lo harán bajo juramento.
El actual Gobierno acaba de presentar el Plan de Recompensas. Se quiere integrar a la población en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo.
Funcionará a través de la entrega de información anónima sobre la ubicación y otros datos de las bandas criminales.
El Plan tiene el respaldo de EE.UU. con USD 6 millones. El Comando Sur de este país, donde se procesará y verificará la información enviada, aprobará el pago de la recompensa.
Según el embajador norteamericano en el Ecuador, Michael Fitzpatrick, el programa también aplica para dar con quienes delinquen en barrios y ciudades.
En materia de seguridad, el país no está en condiciones de luchar en solitario contra las mafias del crimen organizado, cuyos jerarcas suelen estar en las más altas esferas sociales, económicas y políticas, desde donde lavan el dinero sucio y corrompen todo. ¿Se llegará hasta ellos?
