Las nuevas autoridades electas iniciarán funciones en pocas semanas. Como suele ocurrir en cada arranque de administración, el país intrará en un ambiente de altas expectativas por las propuestas que, se espera, enfrenten los principales problemas que agobian a la
población. Dichas soluciones, es importante saber, a más de la voluntad política, requieren de un presupuesto o financiamiento del que el Estado no dispone completamente.
Desde el sector empresarial aguardamos con expectativa el programa económico que guiará la gestión del nuevo gobierno durante el próximo año y medio. Fundamentalmente porque las industrias productivas necesitamos de un giro en varias políticas para potenciar
una agenda de mayor competitividad que amplíe nuestra capacidad generadora de riqueza y de empleo.
En el caso del sector minero, este ha demostrado su alto potencial para sostener la economía actual y de las futuras generaciones. Es el cuarto rubro de exportaciones, y el tercero de exportaciones no petroleras. Sin embargo, hoy es rehén de las devastadoras consecuencias de las acciones de ciertos sectores que se oponen al desarrollo legal y formal de esta industria. Esto mantiene más de USD 1.000 millones de inversiones paralizadas por falta de licenciamiento ambiental. Es decir, congelados miles de empleos, y millonarios ingresos que el Estado necesita para financiar proyectos sociales en materia de educación, salud, seguridad, vivienda, infraestructura y más.
Sin el apoyo estatal, el país seguirá desperdiciando los beneficios del encadenamiento productivo que activa la minería industrial. Al primer trimestre del 2023, más de 168 mil ecuatorianos están empleados de manera directa e indirecta en esta industria. Esto ha permitido a su vez, atacar al fenómeno social de la pobreza. Gracias a la minería a gran escala en Zamora Chinchipe, la provincia redujo un 13% la pobreza al comparar 2019 con 2021.
Las nuevas autoridades tienen la tarea de reconocer el potencial de la industria minera responsable como motor de desarrollo económico. En el año 2018 este sector representó el 53% de la inversión extranjera directa. Esto no se puede desaprovechar, al contrario, lo lógico es que el sector se ponga al servicio de las metas del Estado.
Urge la definición de una política minera que apoye a las empresas que adoptan altos estándares internacionales para fortalecer una actividad legítima, que cuida el medio ambiente, respeta la legislación y aporta a las comunidades y al país.
Todas las instituciones del Estado están llamadas a pensar en los retos país. La Asamblea Nacional, la Corte Constitucional y el sistema judicial, son las encargadas de garantizar la estabilidad jurídica para no seguir generando condiciones de incertidumbre, ni ahuyentando a las inversiones. En definitiva, esperamos que las nuevas autoridades puedan trabajar en beneficio del país, bajo un marco de diálogo con todos los sectores. Esta es la única manera en la que se podrá encaminar al Ecuador hacia la recuperación económica. (O)
