El presidente Daniel Noboa ha propuesto acciones concretas en función de los intereses de los ecuatorianos que necesitamos todos los días y en el territorio nacional de la seguridad y confianza que garantiza el imperio de la ley, como factor indispensable, para vivir en paz, trabajar y producir los bienes y servicios necesarios para la buena vida humana.
Un año y pocos meses de gestión con limitados recursos financieros son los condicionamientos del gobierno que adviene a más de la endeble institucionalidad que padece del virus de la discordia y confrontación alentadas por los demagogos que medran del poder.
Las consignas del resentimiento social, del revanchismo y la subversión como es el caso de los promotores del comunismo indoamericano amenazan al gobierno de Noboa con acciones violentas propias del terrorismo. Así también un sector de dirigentes, asambleístas y autoridades seccionales elegidas por el populismo y sus aliados, con alguna excepción, difunden sus propuestas de conciliación alentando de por medio la impunidad de los prófugos de la justicia.
Desde la perspectiva del interés nacional, la restauración de la seguridad jurídica, es la prioridad para vivir en paz y hacer posible una mejor sociedad para todos, en especial para las nuevas generaciones que merecen una sociedad sana, libre de violencia, del veneno de la corrupción y del crimen organizado con la delincuencia común que se expande por los vacíos y desafueros garantistas concedidos por el prevaricato institucionalizado.
El presente y el futuro es el resultado del esfuerzo comunitario y por exigencia de la ética, garantizados por la responsabilidad indelegable del poder público dentro del sistema jurídico, condición determinante para la construcción del justo orden social. Siendo así se debe diseñar y poner en vigencia una legislación centrada en la probidad jurisdiccional con la eficacia administrativa del gobierno. Este es el punto focal del Estado de Derecho. (O)
