A poco más de dos meses de que el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, tome posesión, el país navega por una crisis de gobernabilidad y, según expertos, la incertidumbre será una constante mientras la Fiscalía mantenga sus intentos por revertir los resultados de los comicios.
Durante octubre, la indignación y rechazo de los guatemaltecos contra la fiscal general y jefa del Ministerio Público (Fiscalía) tocó su punto más alto con el bloqueo de más de 100 carreteras en todo el territorio, además de masivas manifestaciones para exigir su dimisión por intervenir en el proceso electoral.
«La fiscal Porras se está jugando su futuro porque ha cometido delitos graves, incluyendo actos violatorios a la constitución, y sabe que si no logra sus objetivos, terminará en la cárcel», explica a EFE el politólogo Ricardo Saénz de Tejada.
En opinión del experto, Guatemala está sumergida en una «incertidumbre» porque quienes pretenden descarrilar los resultados electorales «están midiendo si tienen condiciones para imponerse y si se alineen diversos actores, incluido el Tribunal Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia, así como la capacidad de reprimir a los manifestantes».
Bajo este escenario de riesgo, la población está a la espera del 14 de enero para que Arévalo de León asuma la presidencia por un período de cuatro años, tras vencer en los comicios de este año a la política tradicional guatemalteca.
Los señalados como golpistas
Además de Porras, los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso han sido señalados por la población y Arévalo de León como «golpistas» que intentan manejar el poder a su antojo para evitar la investidura del nuevo presidente. A ellos se suma el juez penal Fredy Orellana.
Sáenz de Tejada advierte que los fiscales no están solos y «han contado con el apoyo del presidente, Alejandro Giammattei», así como de algunas estructuras de corrupción que incluyen proveedores del Estado, y en menor cantidad «algunos grupos empresariales».
Sin embargo, a consideración del experto, la gran mayoría de la élite empresarial guatemalteca sabe que «impedir la toma de posesión de Arévalo de León sería pasar a una dictadura cerrada, que afectaría sus intereses económicos, por la pérdida del estado de derecho, así como las protestas que este hecho desencadenaría».
En medio de las multitudinarias manifestaciones para exigir que Porras deje su cargo, el Gobierno de Giammattei y el Congreso decidieron esta semana aumentar 510 millones de dólares al presupuesto de la Fiscalía para 2024, una situación que ha sido considerada como un «inminente respaldo político» al Ministerio Público, en opinión de analistas y diputados opositores.
La presión ciudadana
La Fiscalía colmó la paciencia de la población el 30 de septiembre, al decomisar cajas con votos en el Tribunal Supremo Electoral, en un allanamiento ampliamente criticado a nivel local e internacional, ya que la ley local no permite dicha incautación.
Es por ello que desde el 2 hasta el 21 de octubre miles de guatemaltecos se manifestaron en contra de Porras, en una protesta convocada por comunidades indígenas que paralizó el país por algunos días.
Las autoridades indígenas han señalado que los bloqueos y las manifestaciones no se detendrán por considerar que las intenciones de la Fiscalía son un «peligro para la democracia».
Las manifestaciones masivas contra Porras «son inéditas por su duración», pero no es primera vez que los pueblos indígenas «protagonizan e irrumpen en la escena política», recuerda Saénz de Tejada.
Según expertos, todo apunta a que Guatemala cerrará el año con una medición de fuerzas entre la población y el grupo de funcionarios que busca evitar la toma de posesión de Arévalo de León, o al menos debilitarlo políticamente al incluirlo en procesos penales. EFE
