En una mesa de diálogo un grupo de panelistas exponía sus opiniones sobre los últimos acontecimientos electorales y las posibilidades de gestión del gobierno de Noboa en relación con la crisis institucional y las otras funciones del estado.
Me pareció interesante la determinación de uno de ellos que frontalmente pidió el consenso necesario para superar la inseguridad y la escalada delincuencial que nos aflige. Otro participante sugirió que el gobierno se dedique a obras y servicios fundamentales como salud, educación, vialidad e infraestructura en el corto tiempo que dispone hasta las elecciones gubernativas que están a pocos meses de convocarse. Desde otra perspectiva se insistió en la necesidad de cambios profundos de orden institucional.
Considero que si bien el presidente electo dispone de un año y medio de gestión debe aunar todas estas propuestas. Atender con oportunidad la emergencia ambiental causada por el fenómeno del Niño, inundaciones en unos lugares y sequía en otros. Solucionar las deficiencias presupuestarias, las necesidades apremiantes de infraestructura vial y los problemas de salud y educación más la grave situación del IESS con sus impactos.
Temas a ser resueltos con eficacia.
Pero la reforma constitucional y penal que tipifique los delitos y sanciones con el rigor que exige la seguridad jurídica es una misión que se debe afrontar con oportunidad y entereza. El Estado de Derecho tiene como función básica garantizar la vida e integridad de las personas y bienes jurídicos.
Es evidente la urgencia de la determinación presidencial para que convoque en los primeros 90 días de gestión al referéndum que cambie o reforme la Constitución y proceda a regular con rigurosa precisión el sistema penal. Entonces fluirán la inversión productiva y las condiciones necesarias para incrementar el trabajo, la salud y el bienestar ciudadano, requerimientos imprescindibles del bien común. (O)
