Es hora de decir basta a quienes se prestan para presentar acciones de protección a fin de frenar la designación del nuevo Contralor General del Estado.
También a los jueces de remotos cantones, casi siempre prestos a conceder tales acciones, un recurso constitucional ya prostituido.
El país conoce a las fuerzas políticas cuyo afán denodado es contar con un Contralor sumiso, utilizable y hasta corrupto, como lo tuvieron en los últimos años.
Durante el desarrollo del concurso no han dejado de poner trabas, incluso con velado apoyo de determinados consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, uno de ellos por ventaja destituido.
Cambios constantes del Reglamento, revisiones y más revisiones de los candidatos calificados a fin de subir en puntaje así no tengan méritos suficientes; presentación de acciones de protección, ni se diga las presiones a la comisión ciudadana de selección, han sido el cóctel para torpedear tan urgente nombramiento.
Esas actuaciones fueron mayores cuando dos aspirantes identificados con las fuerzas políticas desesperadas por captar la Contraloría quedaron fuera por bajo puntaje.
Aquella comisión aprobó el informe final donde constan los puntajes de los concursantes, correspondiendo el mayor (91/100) a Mauricio Xavier Torres Maldonado. Por consiguiente, es el virtual nuevo Contralor.
Se trata de un exfuncionario de esta institución.
Conoce todos sus vaivenes y pecados. Está listo, como ha dicho, en ponerla en orden; y en vereda a estudios jurídicos “expertos” en desvanecer glosas de los grupos de poder.
Sin embargo, falta por resolverse una nueva acción de protección, cuya direccionalidad nadie lo duda.
Ojalá el juez la deseche, so pena de cometer prevaricato al dejar sin efecto decisiones judiciales.
Antes, para otro juez, sobre similar recurso planteado, ninguna acción de protección podía frenar el concurso de selección, alrededor del cual han girado toda clase de manoseos. Es hora de ponerlos fin.
