Tres defensores de derechos humanos de Latinoamérica se reunieron el lunes y martes de esta semana con responsables políticos de la Unión Europea (UE) para pedir una legislación «fuerte«, que obligue a las empresas que operan fuera a respetar los derechos humanos de las comunidades indígenas y el medioambiente de esos territorios.
El defensor ambiental guatemalteco Bernardo Caal y los activistas Jorge Acosta y Diana Montoya, defensores de los derechos laborales de los trabajadores bananeros, mantuvieron distintos contactos en Bruselas en el marco de las negociaciones entre las instituciones de la UE sobre la futura Directiva de diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad.
Bernardo Caal, que pasó más de cuatro años en prisión por denunciar en su país cómo empresas nacionales y extranjeras, entre ellas españolas, cortan el acceso al agua del río Cahabón a varias poblaciones para la construcción de hidroeléctricas, explicó a EFE que lo que buscan es que «se agilice la aprobación de la ley que puede sancionar a las empresas por sus acciones en los territorios de los pueblos indígenas«.
Detalló que fue a través de Amnistía Internacional y de distintas ONG que le apoyaron tras ser condenado a siete años y cuatro meses de prisión como tuvo noticia de la legislación que se prepara en la Unión Europea para evitar ese tipo de abusos por parte de las multinacionales.
Caal consideró que la UE debe dotarse de una ley «fuerte» que permita a los indígenas defenderse en el caso de que no sean respetados sus derechos.
«No decimos que con la ley se puedan solucionar todos los problemas», precisó Bernardo Caal, que confió en que al menos contribuya a mejorar la protección de los derechos humanos.
«Lo que queremos es que empiece a reglamentarse el trabajo de estas empresas que salen de Europa con la excusa de llevar inversión» y en ocasiones «solo llegan a despojar«, añadió.
Caal se refirió a su situación personal tras haber salido de prisión y dijo que se siente todavía «en peligro constantemente» y teme por su vida y la de su familia.
Este activista fue la cara visible en la lucha contra la construcción del complejo hidroeléctrico Renace, en el que participa el grupo español ACS.
El complejo ocupa casi 30 kilómetros a lo largo del río Cahabón y afecta a 29 000 quekchí.
La Directiva sobre Diligencia Debida de las empresas en materia de sostenibilidad pretende obligar a las grandes empresas que operan en la Unión europea a vigilar y mitigar el impacto negativo de sus actividades sobre el medioambiente o los derechos humanos.
Busca en particular evitar el trabajo infantil, la explotación laboral, la contaminación o la degradación medioambiental, exigiendo a las empresas vigilar, prevenir y mitigar no solo su propio impacto, sino también el causado por los socios de su cadena de valor, como suministradores, encargados de venta, distribución, transporte o gestión de residuos, entre otros.
El Consejo (países UE), el Parlamento Europeo y la Comisión Europea tienen previsto celebrar próximamente una reunión para concluir la negociación de ese texto legislativo. EFE
