En las circunstancias que atraviesa el país, es imposible pensar en Democracia; más aún, cuando se pretende vulnerar los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas a la consulta, poniendo en riesgo todos los derechos colectivos vinculados a la protección de sus territorios, formas de vida y gobernanza. Situación que incide, sin duda alguna, en la calidad de vida de toda la sociedad ecuatoriana, pues son ellos, los pueblos originarios, los custodios y sabios mantenedores del equilibrio de la extraordinaria biodiversidad de la que gozamos, y que es parte consustancial de nuestra razón de ser y estar, de nuestra identidad cultural. La expedición del Decreto 754 por un Gobierno fracasado que está de salida, a más de ser un acto inconstitucional porque pretende modificar un derecho –a la consulta ambiental y a la consulta previa, libre e informada– mediante un simple decreto, es una descarada y burda pretensión de facilitarles el camino a las empresas mineras y a las nefastas políticas neoliberales que rondan Carondelet, en detrimento de las comunidades y de la naturaleza, porque busca consultas breves –superficiales– que reducen la información y la participación de la población. Los derechos colectivos, el agua y la biodiversidad, por tanto, la salud de las poblaciones locales está en peligro. (O)
