Un nuevo forcejeo protagoniza los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) con el ministerio de Economía por deudas acumuladas y recortes presupuestarios.
De acuerdo a la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) el ministerio ha recortado este año USD 147, 76 millones a los municipios.
Corresponden a las asignaciones del primer cuatrimestre (enero-abril) y del tercer cuatrimestre (septiembre-diciembre). Implica un recorte del 6,63 %, cuando la ley determina hacerlo en 5 % como máximo.
No sólo eso. Según AME, lo adeudado son USD 512 millones por concepto del IVA, Ley 047, Fondo de Desarrollo Sostenible y la Ley de Servicio Público de Energía.
Las deudas a las prefecturas ascienden a USD 563 millones. A las juntas parroquiales rurales USD 50 millones, a más de recortes en un 12 %, más del doble de lo legalmente permitido.
Alcaldes, prefectos y presidentes de las JPR protestan en contra el Gobierno, en especial por los recortes, considerados por ellos como ilegales.
Se les acumulan las deudas a sus acreedores, incluyendo el pago a los servidores de cada institución, se paralizan ciertas obras, sobretodo no pueden avanzar con la programación cuyo objeto es prevenir, en cuanto lo puedan, los efectos del fenómeno de El Niño.
Según el ministerio de Economía, la distribución de recursos se enmarca en la ley, “no es discrecional y no depende de las autoridades de turno”.
Sencillo: “Si hay más petróleo se distribuye más, si hay menos petróleo, se distribuye menos”; y la disminución de ingresos petroleros es 30 % menos respecto al presupuesto inicial de 2023.
Los GAD deben recibir el 10 % de los ingresos no permanentes, es decir los generados por la venta del crudo, más los permanentes, derivados del Presupuesto General del Estado. Sus variaciones determinan los ajustes cada cuatro meses.
El ministerio de Economía se ampara en las frías matemáticas y normas vigentes. Los GAD reclaman; pues, sin recursos están limitados.
