En la compleja trama de la democracia ecuatoriana, la participación ciudadana y el control social han surgido como herramientas cruciales que permiten a los ciudadanos ejercer su voz y supervisar las acciones de las autoridades. Desde la adopción de la Constitución de 2008, Ecuador ha consolidado estos principios como derechos fundamentales, estableciendo una base legal robusta.
Sin embargo, la brecha entre la teoría y la práctica persiste. Este análisis exhaustivo se sumerge en la realidad actual de la participación ciudadana y el control social en el país, explorando los desafíos que obstaculizan su implementación efectiva y las oportunidades latentes para fortalecer estos mecanismos.
A pesar de las disposiciones legales existentes, numerosos factores contribuyen a la limitada participación ciudadana. La falta de acceso a la información, la desconfianza en las instituciones y las disparidades socioeconómicas son solo algunas de las barreras que obstaculizan la participación activa de la sociedad. Además, ciertos grupos marginados, como las comunidades indígenas y las mujeres, enfrentan desafíos adicionales para involucrarse plenamente en los procesos de toma de decisiones. Es crucial abordar estas disparidades y crear un entorno propicio para la participación equitativa de todos los ciudadanos.
El cambio de gobierno debe ser una gran oportunidad para mejorar la relación política y económica con los GADs de tal manera que el gobierno central con los gobiernos de cercanía se fortalezca con una activa participación ciudadana que alcance el buen vivir, que tanto reitera nuestra constitución. (O)
