Hoy, luego de seis meses después del decreto de la disolución de la Asamblea Nacional, por grave crisis política y conmoción interna, el Ecuador vuelve a contar con la representación del primer poder del Estado, el poder legislativo. Si bien la decepción política a más de uno dejará indiferente estos seis meses de ausencia de debate legislativo, de tratamiento y aprobación de leyes, de fiscalización de la actuación de quienes ostentan funciones de representación pública, etc. Es evidente que este silencio no ha sido saludable para la institucionalidad política ni para la democracia.
Se sabe que la Asamblea Nacional, que terminó cesada en sus funciones, llevaba el peso de la desaprobación popular. Fue acusada de un permanente bloqueo ante la agenda del Ejecutivo, a pesar de haber aprobado buena parte de los instrumentos legales enviados por la administración de Guillermo Lasso. Sin embargo, en los juegos de poder, el conflicto entre el Ejecutivo y algunas fuerzas políticas representadas en el Legislativo eran parte del día a día en titulares de prensa y posts en redes.
La distribución del poder es fundamental para evitar corromper la institucionalidad y la democracia. La discusión política en el contexto de un espacio de coincidencias y discrepancias entre fuerzas políticas son necesarias para enriquecer el debate público. Tanto para dar relevancia a ciertos temas como para encaminar la agenda, está claro que el silencio del hemiciclo de la Asamblea Nacional afectó la buena marcha del comportamiento político ecuatoriano.
Se espera, por lo tanto, que el nuevo poder legislativo -en el que están más de 40 asambleístas pertenecieron al órgano anterior- habiendo reconocido errores pasados, puedan proceder conforme al mandato recibido. Que representen con dignidad y responsabilidad los intereses de sus constituyentes, sabiendo que la mayoría de la población está cansada de polarizaciones y líneas rojas. Conscientes que existe una agenda urgente en lo económico y en la inseguridad, así como en la enorme deuda social pendiente de pagar a una población que no ha disminuido niveles de pobreza.
