La Corte Constitucional de Ecuador declaró este viernes inconstitucional por la forma el Decreto 754, que reformaba el Código Orgánico del Ambiente y que el Gobierno había emitido para hacer consultas ambientales en zonas de proyectos de inversión, incluidos los extractivos, lo que generó la oposición y el rechazo de colectivos indígenas.
La Corte ya había suspendido cautelarmente en agosto pasado la aplicación de dicho decreto, el 754 emitido por el presidente conservador Guillermo Lasso, por considerar que el reglamento vulneraba derechos de las comunidades y favorecía exclusivamente a transnacionales que buscaban desarrollar inversiones en petróleo y minería, entre otros sectores.
El fallo último del Constitucional señaló que ha evidenciado que el decreto impugnado «era inconstitucional por la forma al transgredir el principio de reserva de ley» consagrado en la carta magna.
Además, consideró que la consulta ambiental debe ser regulada a través de una ley orgánica y no por medio de un reglamento, como pretendía el Gobierno de Lasso.
La Corte, además, acogió el criterio de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) que invocó regulaciones internacionales que establecen un procedimiento de «consulta previa, libre e informada» a las comunidades, en protección de sus territorios y culturas.
El decreto del Ejecutivo garantizaba la participación de las comunidades y pueblos indígenas en el proceso de consulta, aunque no les obligaba a que sean partícipes, ya que en anteriores ocasiones se habían negado a ser parte del mecanismo.
El pleno del organismo constitucional determinó que la consulta ambiental del Gobierno «no podrá efectuarse a comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pues a ellos les corresponde una consulta previa, libre e informada».
En agosto pasado, cuando la Corte suspendió la aplicación del decreto, el Gobierno había anunciado que tenía previsto realizar 176 procesos de consulta ambiental para proyectos que, además de la extracción minera, implicaban «actividades turísticas, plantas de tratamiento, centros de gestión de desechos y proyectos eléctricos».
El Ejecutivo, entonces, advirtió de «graves consecuencias sociales y económicas» para el país con la decisión de la Corte, organismo ha asumido la revisión de los decretos emitidos por el Gobierno durante los últimos seis meses, debido a la ausencia de Asamblea Nacional (Parlamento), disuelta por Lasso en mayo pasado.
La consulta ambiental del Gobierno había generado resistencia en zonas que se pretendían entregar en concesión a proyectos mineros como las andinas de Las Naves y Sigchos, en las que se registraron fuertes enfrentamientos entre las comunidades con militares y policías.
El presidente Lasso, que desde que disolvió el Parlamento ejerce a través de decretos, algunos de ellos (los de urgencia económica) sometidos al control del Constitucional, abandonará el poder el próximo 23 de noviembre, cuando entregue el cargo al mandatario electo, Daniel Noboa. EFE
