Madrid.- La activista somalí Amal Hussein heredó de las mujeres de su familia el compromiso para luchar por la erradicación de la mutilación genital femenina, una tarea para la que reconoce que España se ha dotado de un marco jurídico y mecanismos de detección sólidos que, sin embargo, cuesta llevar a la práctica.
Esto hace que muchas veces la responsabilidad de acompañar y asistir a las víctimas y prevenir este tipo de violencia recaiga en las supervivientes y mujeres africanas procedentes de las comunidades en riesgo se convierten en mediadoras interculturales para esta causa, según apunta la joven politóloga en una entrevista con la Agencia EFE.
En España, la mutilación genital es un delito desde 2003 y en 2005 se aprobó una ley que persigue esta práctica también cuando se ejerce en el extranjero y los autores o la personas afectadas se encuentran en territorio español.
El año pasado, la ley de garantía de la libertad sexual, conocida como la ley del «sólo sí es sí», reconoció esta práctica, que consiste en la extirpación -parcial o total- de los genitales externos de las mujeres, como una forma de violencia machista, tal y como pide el Convenio de Estambul.
Hay pocos datos estadísticos sobre la dimensión del problema en España, que afecta a las niñas migrantes procedentes de países como Nigeria, Senegal, Gambia, Guinea o Ghana que son llevadas por sus familias a sus lugares de origen para ser mutiladas.
Un estudio de 2019 calculó que más de 3.600 niñas menores de 14 años en España se encuentran en riesgo de sufrirla.
Amal Hussein, quien a sus 27 años es Embajadora Joven de la Red Europea por el Fin de la Mutilación Genial Femenina, participó esta semana en una jornada sobre este asunto en Madrid, organizada por Médicos del Mundo a las puertas del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25 de noviembre).
Según contó a EFE, toda su vida ha observado cómo las supervivientes de esta práctica y las mujeres de las comunidades afectadas, en su mayoría africanas, «salen todos los días para dar cobertura» a cuestiones que no son del todo atendidas por el Estado, como la formación a profesionales o la asistencia a supervivientes.
Mujeres que en muchos casos sufrieron los daños de esta violencia machista, tanto físicos como psicológicos: «Ellas son las que tienen que sacar de alguna manera la energía y la fuerza para decir ‘voy a aparcar mis problemas para intentar ayudar'», subraya.
Sanitarios que no saben qué es la mutilación genital femenina
Esta joven, graduada en Ciencias Políticas y estudiante de un máster en Derecho, opina que, aunque existe a nivel estatal un marco jurídico suficiente y protocolos que implican al Estado en la lucha contra la mutilación genital femenina, estos permanecen «lejanos» a la realidad.
Ella misma impartió formación a profesionales del sector socio-sanitario y se encontró con personas tituladas que no sabían en qué consistía esta práctica, los diferentes tipos que hay, o que existe un protocolo específico de atención, lo que despertó en ella una «gran alarma».
Carencias que dan lugar a que muchas mujeres supervivientes no sean correctamente atendidas en el ginecólogo o que, al dar a luz, se encuentren con profesionales que no saben cómo actuar, comenta Hussein.
Cita como ejemplo el caso de las dos niñas de Sabadell (Barcelona) que fueron clasificadas erróneamente como víctimas de mutilación genital en 2012, error que las llevó a un centro de menores durante nueve días, mientras que sus padres pasaron 54 horas en prisión.
«Sensibilidad intercultural» para no revictimizar
Amal Hussein apela a la «sensibilidad intercultural» para «entender el por qué» de esta práctica.
Según la OMS, este tipo de violencia se ejerce normalmente porque se considera una conducta sexual aceptable para las mujeres, con el fin de asegurar su virginidad antes del matrimonio y su fidelidad después de él.
«Muchos progenitores que lo practican creen firmemente que están haciendo un bien para sus hijas», movidos muchas veces por temor al rechazo de su comunidad, recuerda la joven.
Para ella, este enfoque debería adoptarse también a la hora de imponer las penas, ya que en España es frecuente separar a los padres de las hijas al abordar estos casos, lo que muchas veces las menores sienten como un castigo. EFE
