La crisis migratoria en la región andina tiende a complicarse tras la decisión del gobierno del Perú de expulsar a miles de venezolanos.
Por varias razones, ellos no han podido regularizarse o están inmersos en actos delictivos y deben abandonar el país.
La mayoría lo hará por la frontera ecuatoriana-peruana. Ninguna autoridad nacional podrá impedírselos, ni siquiera pedirles su pasado judicial por cuanto lo prohíbe la Ley de Movilidad.
Muchos de ellos probablemente arriben a Cuenca, sea para quedarse o de tránsito hacia otras ciudades del Ecuador.
Según representantes de organizaciones de migrantes venezolanos en nuestra ciudad, sus connacionales no tienen como meta permanecer en el Ecuador sino pasar a Colombia, incluso retornar a su patria.
Ante esa eventualidad, el Municipio de Cuenca prepara un plan de contingencia. El objetivo es darles asistencia, no acogerlos, pues no hay capacidad física ni logística, tampoco recursos económicos.
En la ciudad funciona la Casa del Migrante, desde donde se les puede dar asesoramiento legal, remitirlos a casas de salud, y coordinar la entrega de tarjetas de alimentos en lugares establecidos, como la Posada San Francisco, si bien, su capacidad de alojamiento se ha desbordado.
Todo cuanto pueda hacer la Municipalidad y otras entidades a favor de los migrantes venezolanos expulsados del Perú es plausible.
Sin embargo, a juzgar por declaraciones, acciones y exigencias, lamentablemente, crece la animadversión hacia ellos, como lo demostraron habitantes del cantón Pelileo, exigiendo su expulsión.
Muchos de esos migrantes se han involucrado en delitos de todo calibre; y, como dice la sabiduría popular, “por uno pagan todos”. Eso no debe dar lugar a comportamientos xenófobos, como desde aquí exigimos a los países donde residen ecuatorianos.
La inmigración venezolana no tiene visos de solución, mientras su gobierno siga impávido, resuelto a seguir “expulsando” a su población empobrecida para eternizarse en el poder.
