Las autoridades brasileñas rescataron en la última década a 965 inmigrantes, 923 de ellos latinoamericanos, que se encontraban en una situación de esclavitud laboral, según datos oficiales obtenidos por EFE.
Del total de extranjeros liberados durante operaciones de la Inspección del Trabajo entre 2013 y septiembre de 2023, la nacionalidad más numerosa fue la boliviana, con 331 personas.
Le siguieron los paraguayos, con 270 personas; los haitianos, con 146; los venezolanos, con 97, y los peruanos, con 65.
También fueron liberados trabajadores de fuera de la región, entre ellos 37 chinos.
La mayoría de los rescatados estaba empleado en los sectores textil y agrícola, y más de la mitad trabajaba en São Paulo (506), el estado más poblado del país.
El Código Penal brasileño considera el trabajo esclavo, castigado con penas de entre dos y ocho años de prisión para quien lo practica, como aquel que incluye jornadas “agotadoras”, condiciones “degradantes” y restricciones a la movilidad.
Jornadas de 17 horas sin contrato ni días de descanso, y con los documentos de identidad requisados, forman parte del paquete de precariedad al que muchos inmigrantes se enfrentan, según relataron a EFE varias mujeres bolivianas que se dedican a la costura.
“Están en una situación de vulnerabilidad por su condición migratoria, porque no conocen la legislación y no tienen documentación. Por esa razón, están dispuestos a aceptar condiciones inaceptables”, explica a EFE Matheus Viana, jefe de la división del Ministerio del Trabajo encargada de combatir esta práctica.
En la última década, las autoridades rescataron a poco más de 15.000 personas, en su mayoría de ciudadanía brasileña, aunque hay una tendencia a la baja.
Del máximo de 2007, cuando fueron liberadas más de 6.000 personas, se ha pasado a las 2.481 de 2022.
“De la misma forma que la inspección de trabajo se ha profesionalizado, el trabajo esclavo también lo ha hecho y ahora es menos visible que antes. Tenemos que buscar activamente a las víctimas y no esperar a recibir denuncias”, dice Viana.
El número de fiscales que auditan las empresas ha caído al menor nivel en casi tres décadas y la mitad de los puestos está vacante, según el sindicato del ramo. La última ronda de contrataciones fue hace 10 años.
Viana reconoce que esta situación es “gravísima” y que ha afectado a la capacidad de los inspectores para llevar a cabo auditorías, pero apunta a la intención del Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva de contratar a nuevos fiscales de cara al próximo año. EFE
