Ecuador es punitivo, es uno de los países con más artículos penales, sin embargo, también es uno con el menor acceso a la justicia. Menos del 5% de delitos por violencia de género son judicializados.
En el país, toda protesta social está penalizada cuando no cuenta con el debido permiso de la autoridad. Organizar una protesta, los impresos que se repartan o las consignas que se digan en ella, son delitos. En otras palabras, está penalizada la rabia, toda manifestación social responde a la frustración frente a un Estado fallido e inepto.
Luego del femicidio de Abigail, la rabia nos habita, porque sabemos que el Estado y sus aparatos no funcionan, no responden, no actúan. Ese día miles salimos a la calle y ahora nos acusan de criminales. Fiscalía ha ordenado identificar a quiénes irrumpimos el edificio, pintamos sus paredes, y gritamos consignas, ¿Para eso sí tienen recursos? ¿Ya funcionan las cámaras de vigilancia?
Pero, también está sancionada la inoperancia, la inoportuna actuación, y la omisión que pone en riesgo la vida de una persona, el Estado también comete delitos y en el caso de violencia de género, los comete a diario, es un cómplice.
El Estado quiere hacer con nosotras, lo que no pueden hacer con los femicidas, y eso nos es más que otro reflejo de un sistema patriarcal y opresor, que no sabe cómo cumplir con su rol.
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