El movimiento correísta Revolución Ciudadana presentó este lunes 27 de noviembre de 2023 a la Asamblea Nacional la solicitud para iniciar un juicio político contra la fiscal general del Estado, Diana Salazar, por presuntos incumplimientos a la Constitución y a la ley.
«Dijimos que nadie puede condicionar nuestro derecho a fiscalizar», escribió Viviana Veloz, coordinadora de la bancada de Revolución Ciudadana en la Asamblea Nacional, en su cuenta X antes de informar de la solicitud de juicio político en contra de la fiscal «por sus innumerables incumplimientos a la Constitución y a la ley«.
Salazar, que estuvo a cargo de la acusación del caso ‘Sobornos’ en el que el expresidente Rafael Correa (2007-2017) fue inhabilitado y condenado a ocho años de prisión, ya ha sido objeto en meses anteriores de amenazas y de varios intentos de separarla de su cargo, a partir de una denuncia de presunto plagio en una tesis universitaria que fue rechazada por la casa de estudios.
En su primera reacción, Salazar anotó en un comunicado que «finalmente -aunque de nuevo sin sustento- pudieron dar el primer paso en su desesperada búsqueda de impunidad y solo sobre el terreno político, ya que ni las mentiras ni los inventos les funcionaron». «Y, de nuevo, no lo lograrán: mi compromiso sigue siendo con la Justicia», añadió.
La Fiscalía General del Estado consideró que la solicitud de un juicio político contra Salazar carece de los fundamentos requeridos, y se lo plantea «como un acto que busca la impunidad, relacionada con casos que han sido sentenciados o que se están resolviendo en el ámbito penal».
Anotó que el «nuevo ataque» a Salazar se da luego de que «en varias ocasiones han intentado posicionar discursos emitidos por sentenciados, sus familiares o partidarios, con el claro fin de ocultar las pruebas valoradas en los tribunales».
No obstante, «todos estos intentos han sido oportunamente rebatidos, desmentidos y desestimados sobre la base de pruebas contundentes», subrayó en un comunicado.
La Fiscalía ha adelantado varios procesos en los últimos años, entre ellos, el denominado caso «Sobornos», que versa sobre una red de corrupción mediante la cual se recibieron aportes indebidos en el palacio presidencial de Carondelet, entre 2012 y 2016, para la financiación irregular del movimiento oficialista Alianza País, a cambio de la adjudicación de millonarios contratos del Estado a empresas, entre ellas la constructora brasileña Odebrecht.
Correa, que se declara un perseguido político y que vive en Bélgica desde 2017 con condición actualmente de refugiado, señaló en la red X que «ya la 10/20 (en referencia a Salazar) nos mandó a decir que si sale el juicio político se van enseguida presos Paola Pabón (prefecta de la provincia de Pichincha) y Jorge Glas (exvicepresidente)».
Acuerdos no incluyen petición de juicio
El trabajo de la Fiscalía General del Estado durante la administración de Salazar «ha sido objetivo, responsable y comprometido con la ciudadanía y la búsqueda de la verdad y la justicia», agregó el Ministerio Público en su comunicado.
«La sociedad debe conocer que al terminar su periodo, la Fiscal General del Estado no puede reelegirse y sin importar las decisiones que se tomen en otras funciones del Estado, las sentencias judiciales solo pueden ser analizadas en el campo penal», recordó.
Y apuntó que en el eventual desarrollo de un juicio político, Salazar «sabrá mostrar las pruebas suficientes en su defensa y continuará trabajando, como lo ha hecho desde el primer día en que asumió el cargo: contra la corrupción el crimen organizado, los delitos contra la mujer y la impunidad».
María Teresa Pasquel, asambleísta del grupo Gente Buena, aseguró que siempre apoyarán a Salazar, a la que calificó de «valiente y digna», que está tratando de «salvar» a Ecuador de la corrupción».
De su lado, el asambleísta socialcristiano Vicente Taiano aclaró que la solicitud del juicio político «no forma parte de las coincidencias por la gobernabilidad en la Asamblea Nacional», en referencia a acuerdos de la semana pasada entre el oficialismo, el conservador Partido Social Cristiano (PSC) y el correísmo para designar las autoridades de la Cámara,
«Ratificamos que el PSC y aliados no apoyará esta solicitud», reiteró. EFE
