Este martes será la prueba de fuego para la mayoría legislativa, fruto del acuerdo entre socialcristianos, el correismo y el oficialismo.
En la Asamblea Nacional, para ese día se prevé la posesión de Mauricio Torres, nombrado Contralor General del Estado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
Una comisión de selección integrada por el CPCCS llevó adelante el concurso y acogió su informe final. Todo esto luego de un largo proceso, trabado por polémicas, acusaciones, presentación de acciones de protección no sólo de algunos aspirantes sino de particulares, más el interés oculto de ciertas fuerzas políticas por tomar el mando de la Contraloría.
El asambleísta Guido Vargas (PSC) informó sobre la fecha de posesión; pero horas después, Patricio Chávez (correista), dijo haber planteado al presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, se inicie un proceso de fiscalización al proceso.
Chávez se hizo eco de la queja de uno de los postulantes, según el cual se cometió una serie de ilegalidades e irregularidades.
Otro perdedor presentó un recurso de acción de protección, además de una medida cautelar para evitar la posesión de Torres, cuya audiencia fue pospuesta para el próximo 6 de diciembre.
Para el legislador Vicente Taiano (PSC), el proceso de selección terminó, el ganador ha sido notificado y la Asamblea debe posesionarlo.
Al parecer, si ese acto ocurre, como así debe de ser, quedará pendiente el desenlace de aquellos pedidos.
El país ha vivido varios años sin Contralor titular, responsable de velar por el correcto uso de los dineros públicos, de establecer glosas si los casos auditados los ameritan, de recuperar la confianza ciudadana en la institución, siempre acusada de responder a intereses políticos, de tapar irregularidades y hasta de servir para perseguir, cuando no de estar envuelta en casos de corrupción.
Ya basta de seguir poniendo cortinas de humo. La Asamblea debe posesionar al nuevo Contralor sin más dilaciones.
