El directorio de la empresa ETAPA aprobó el alza de las tarifas de agua potable.
Esta decisión debió tomarse en anteriores administraciones municipales. La postergaron por razones de política electoral.
Los costos de potabilizar el líquido vital tuvieron un alza considerable en la última década. Mucho antes inclusive.
Al acceder a un crédito internacional (USD 70 millones provenientes de la CAF y del Banco Europeo de Inversiones) para construir la nueva planta de aguas residuales, la empresa se obligó a subir las tarifas.
Dicha obra, por razones por todos conocidas, aún no se la ejecuta. Esto, posiblemente, influyó para no aprobar el alza, pero les vino bien para quienes pensaban en reelegirse como alcaldes.
El “costo político”, un eufemismo inventado a fin de solapar la falta de personalidad para tomar grandes decisiones, acaba de asumirlo la actual administración. Insistimos, si eso es así.
Según el representante de la ciudadanía en el directorio de ETAPA, Milton Pérez, “la revisión busca ser justa y equitativa”.
Además, los mayores consumidores pagarán más, una regla puesta en marcha desde hacía muchas décadas.
El alcalde Cristian Zamora acudió a un buen recurso comunicacional para justificar la decisión: diferenciar entre el costo de una botella de agua envasada con el producido por ETAPA. No hay punto de comparación, tampoco en cuanto a la calidad, peor desde el punto de vista ecológico, pues los envases de plástico contaminan.
Persistirán los subsidios para la mayoría de abonados de la empresa, en especial para instituciones de beneficio social, personas con discapacidades físicas, jubilados, y de la tercera edad.
Una razón más para racionalizar el consumo del agua potable en cada hogar.
Pero ETAPA sigue en deuda respecto de la construcción de la planta de aguas residuales, por cuyo crédito no invertido paga una “penalización” de USD 480 mil. Al presente mes, debe ser mucho más. ¿Hay responsables?
