En el Capítulo sobre la Función Legislativa y en su Sección segunda. Control de la Acción de Gobierno, artículos 129 y 130, la Constitución vigente establece las causas para iniciar un juicio político al Presidente de la República, los mecanismos para hacerlo y las sanciones previstas, en caso de haberlas, las cuales son dos, solamente dos y nada más que dos: censura y destitución. La Asamblea Nacional retomó la semana pasada, con entusiasmo digno de mejor suerte, el juicio político al expresidente Lasso, que fue suspendido en mayo pasado, sin tomar en cuenta, inexplicablemente, que la Asamblea ya no puede enjuiciar políticamente a un presidente después de haber finalizado su mandato. Alguien debe haberles “hecho de ver” a quienes “reparten los naipes” en la Asamblea, que si insistían en lo del juicio iban a cometer una metedura de pata monumental, entonces guardaron lo cañones y se enfrascaron en una letanía de insultos y denuestos contra el gobierno de Lasso, que culminó en dos “perlas”, como para museo. La una, redactar un “manifiesto” público en contra del gobierno fenecido y, la otra, declararlo “responsable político” de un contrato con Flopec.
Como ustedes comprenderán, amigos lectores, ni lo uno ni lo otro tiene ninguna trascendencia jurídica y sus “figuras” no forman parte de la legislación vigente, por lo que, tanto “esfuerzo” queda, lamentablemente, en un típico “saludo a la bandera”.
Y lo de la Fiscal Salazar va por el mismo camino. Parece que cuando el odio y la revancha son los sentimientos que motivan determinadas acciones, su final no logra coronarse con éxito. De lo que se ve hasta aquí, solamente una bancada legislativa, la relacionada con los enjuiciados, con los apresados y con los fugados, anda desde hace “que vidas”, desesperada por sacarse el clavo con la Fiscal Salazar. ¡Claro! Que no van a querer desquitarse si ha sido la funcionaria que con decisión, valentía y al amparo de la ley, ha logrado que una buena parte de los delitos cometidos en la década bailada, hayan sido descubiertos, procesados y sus autores sancionados conforme a ley. ¡Hay que apoyarla! (O)
