De los 18 gobernadores designados, hasta el momento, por el presidente Daniel Noboa, 11 fueron policías o militares.
No deja de ser una decisión sintomática del gobierno, dado el azote de bandas criminales ligadas al narcotráfico y la “delincuencia común”, cada vez más avezada.
La inseguridad es la necesidad más urgente a resolver. Al Estado le corresponde esta tarea, única manera de recuperar la paz social. Y lo es desde hacía varios años, cuando comenzó el desangre, hasta convertir al Ecuador en uno de los países más violentos de la región; o urbes como Durán, Guayaquil y Esmeraldas son ubicadas en el “top 10” de las ciudades más peligrosas.
Si por eso se nombran como gobernadores a expolicías y exmilitares, más allá de las buenas intenciones, los resultados de su gestión serán cuestión de tiempo.
La provincia del Azuay y dentro de ella cantones como Cuenca, Ponce Enríquez y Gualaceo no escapan de tan difícil situación, si bien con las diferencias del caso.
Su nuevo gobernador es Milton Armando Benítez Arauz, un coronel en servicio pasivo del Ejército, consultor en temas de seguridad, exjefe de Operaciones de las Fuerzas Armadas, exprofesor y exdecano de la Universidad de las FF.AA. Además dirigió la Zonal 6 de SNGRE.
Al momento de su designación lideraba las acciones para afrontar el impacto del fenómeno de El Niño.
La fórmula de la flamante autoridad es “seguridad con desarrollo”. Con el apoyo de la Policía Nacional, según sus primeras declaraciones, se diseñarán estrategias orientadas al trabajo de inteligencia, considerado como el “corazón” de un plan de seguridad.
Sin ese trabajo, poco o nada funciona bien; y esto lo sabe él de sobra. Los planes de seguridad, en cualquier país del mundo, parten de esta premisa; siempre y cuando existan en el nuestro, aunque el gobierno habla del plan Fénix.
“Gobernadores con enfoque de seguridad”, argumenta el oficialismo para nombrar a expolicías y exmilitares. Manos a la obra.
