Ante la escalada irrefrenable de la delincuencia, sobretodo del posible desentendimiento de ciertos fiscales y jueces al momento de aplicar justicia, surgen propuestas producto del desconcierto y la impotencia.
Los afectados y las potenciales víctimas podrían aplaudir la aplicación de procedimientos de hecho como los lanzados por el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora: exponer los rostros de aquellas autoridades, como los de los policías, para avergonzarlos públicamente.
Días atrás, la Guardia Ciudadana retuvo a un supuesto delincuente. La Policía se negó a hacer su trabajo y el hombre quedó libre. Esto enervó al alcalde.
Como aquél, ocurren muchos casos. Es más, detenidos en flagrancia y puestos a órdenes de la justicia salen libres tras permanecer pocos días en la cárcel, o son favorecidos con medidas sustitutivas.
La propuesta polémica la hizo el entonces presidente Guillermo Lasso. Nunca lo concretó.
Ahora hizo lo mismo su sucesor Daniel Noboa, y la puso de manifiesto el alcalde de Cuenca.
Ya existen repercusiones. Unos la ven positiva, de escarmiento, mucho más si los impartidores de justicia son funcionarios públicos.
Otros la consideran fruto del “populismo penal”, cuando la propia ley prevé sanciones si aquellas autoridades incumplen sus funciones; peor si cometen actos de corrupción o se “venden” a la delincuencia. Pero deben ser denunciadas.
Si tras el cometimiento de un delito los autores son detenidos, pero no denunciados ante la Fiscalía todo queda en nada; igual si los “elementos de convicción” no son contundentes; si no se pide la prisión preventiva, o los partes policiales tienen incongruencias, los jueces actúan como actúan en estos casos, si bien, a lo mejor, podría haber otras motivaciones.
Se dice con insistencia: urgen reformas al Código Integral Penal y a otras leyes, pero nada de esto asoma en el cercano horizonte.
Hasta tanto, cabe actuar y hablar con tino. Esto no implica no indignarse y protestar.
