El rumbo que tomó el segundo proceso constituyente atrapó al progresismo chileno en una gran paradoja: tener que defender la Constitución vigente, que repudió durante décadas por su origen dictatorial, ante la posibilidad de aprobarse una propuesta de carta magna con sello conservador y considerada más regresiva que la heredada del régimen.
El contrasentido es tal que la extrema derecha, que nunca apostó por cambiar el texto fundamental vigente, junto a la derecha tradicional, defienden en el plebiscito de este domingo sustituir el redactado actual; mientras que quienes siempre habían insistido en una nueva propuesta ahora apuestan por mantenerlo.
“Tal y como quedó la Constitución del 1980 reformada es mucho mejor que esta propuesta de nuevo texto constitucional, que refuerza normas que antes fueron problemáticas”, dijo a EFE la politóloga de la Universidad de Chile Claudia Heiss.
Los conservadores, que tuvieron mayoría en el consejo que escribió el nuevo proyecto, defienden que «recoge» preocupaciones actuales como la seguridad o la migración, y aseguran que su aprobación pondrá fin a los cuatro años de incertidumbre institucional que provocó el estallido social de 2019. La izquierda, en cambio, califica el texto de «dogmático» y denuncia que supone «retrocesos» en derechos sociales.
El peso de la ilegitimidad
La incómoda carga de la ilegitimidad de origen, que por décadas arrastró el texto fundamental vigente, quedó en segundo plano para algunos sectores que apuestan por ratificar el antiguo texto con la justificación de que al frente hay una opción mucho más conservadora.
Heiss recordó que “son muy pocas” las constituciones hechas en democracia, con procesos inclusivos y con participación ciudadana: “En Chile, la Constitución de 1833 fue producto de la derrota militar de un sector político y la de 1925 se dio en condiciones de autoritarismo”, señaló.
Si gana el “En contra”, “la actual Constitución habrá sido validada en dos ocasiones”, recordó el académico de la Universidad de Talca Mauricio Morales: en el plebiscito de septiembre de 2022, cuando se rechazó un texto redactado por un órgano de mayoría progresista, y ahora.
“De ser así, caería por tierra la tesis vinculada al problema constitucional en Chile y se abrazaría como opción el regreso al reformismo”, añadió.
¿De vuelta al reformismo?
El presidente chileno, Gabriel Boric, y su coalición de gobierno ya avisaron que no apoyarán un tercer proceso: “Hay hastío ciudadano y un crecimiento del malestar político por la falta de respuestas”, dijo el académico de la Universidad Diego Portales Vicente Inostroza.
Sin margen para un nuevo intento, cualquier avance en materia constitucional tendrá que pasar por una reforma en el Congreso, que hace un año redujo los quórums para modificar la carta magna y acabó, así, con uno de los “grandes cerrojos” –dice Heiss– que tenía el texto actual.
Este avance, opina la académica de la Universidad de Santiago Carolina Segovia, “podría facilitar un episodio multirreforma, pero dependería de la composición del próximo Parlamento tras la elección del 2025, porque con el actual será difícil avanzar en reformas constitucionales, salvo en temas con amplio apoyo”.
No sería el primer episodio en el que Chile aprueba un paquete robusto de modificaciones constitucionales. En 1989, aún en dictadura, se aprobó -vía plebiscito- un bloque de 54 reformas y en 2005, el Gobierno del socialista Ricardo Lagos (2000-2006) impulsó otro de 58 cambios más que le permitieron al entonces presidente estampar su firma a la carta magna y sustituir, así, la de Augusto Pinochet.
Para Inostroza, sin embargo, una nueva reforma mantendría el debate constitucional “abierto” por un tiempo más, a pesar de la “fatiga constitucional” de los electores y de que la mayoría de los partidos políticos quieren enfocarse en “otras prioridades ciudadanas”.
La disyuntiva de la izquierda, para Morales, se resume así: “Volver a la idea de reformar implica volver a los 30 años (de transición) que parte del progresismo tanto criticó”. EFE