El alza anual del Salario Básico Unificado (SBU) como lo dispone el Código del Trabajo se ha vuelto un “círculo vicioso”.
Empresarios y trabajadores deben consensuar el monto. Si no lo logran, el gobierno, a través del Ministerio del Trabajo, finalmente toma la decisión.
Esa ha sido la tónica. Una vez resuelto, por lo general la dirigencia sindical nunca está de acuerdo, y los empleadores la acatan a regañadientes.
La tesis del empresariado toma en cuenta la inflación proyectada para 2024 (2.07 %), la situación de la economía nacional; ahora, el impacto de los “apagones” y las posibles afectaciones por el fenómeno de El Niño.
La de los trabajadores gira en torno a “por lo menos” cubrir el costo de la canasta básica, estimada en USD 550.
Bajo esa lógica, el sindicalismo pidió un alza de USD100. Los empleadores propusieron 4,12. No hubo acuerdo, y el Ministerio del Trabajo aprobó USD 10 mensuales. Esto implica un SBU de USD 460.
Los empresarios ponderan esa resolución, tanto más si en los dos años del gobierno de Guillermo Lasso se incrementó USD 50, monto considerado por ellos como “desmedido”.
En los últimos quince años, el SBU se elevó de USD 170 a 450 (165 %), mientras el empleo adecuado se ha reducido en un 10 %.
El sindicalismo, como ha ocurrido todos los años, no está de acuerdo con el alza prevista para 2024.
Como es su costumbre, acusa al régimen de pensar sólo en los empresarios y de gobernar con ellos.
En esa línea, anuncian marchas de protesta para el próximo martes. De efectuarse, serán las primeras en contra del presidente Daniel Noboa, quien se enfrenta a una de las peores crisis económica, social, política, en especial de inseguridad.
Y, como “cereza del pastel”, la de la falta de trabajo, en especial para cientos de miles de jóvenes, sean profesionales o no.
El derecho a protestar lo tienen todos los ecuatorianos. Empero, es necesario revestirse de una alta dosis de entendimiento para sopesar la realidad del país.
