Cuando el Ecuador pasa para una de la peor crisis moral de su historia, la falta de decoro de cierta clase política abona a ese estado de podredumbre.
El país exige un baño de verdad a raíz del escándalo derivado de Metástasis, cuyos dados comprometen seriamente a la administración de justicia, y como parte de ella a la Judicatura, a la propia Fiscalía pese a liderar ese operativo en contra del narcotráfico; también al ejercicio de la abogacía, a los actores políticos; en fin, a todas las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana, del mismo Estado, inclusive.
Al referirnos a todas esas instituciones, gremios y profesiones, no estamos generalizando. De ninguna manera.
En el operativo Metástasis, “llegar hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga”, es una exigencia nacional para liberarnos, a costa de cualquier sacrificio, del fangal del narcotráfico; de haber sido conducida la República a la más miserable postración moral.
En ese contexto, conviene “hasta hilar fino” sobre la resolución de la Asamblea Nacional, convocada para aprobar una moción de respaldo al trabajo de la fiscal general Diana Salazar, en contra de quien se sigue un juicio político liderado por una fuerza política, a varios de cuyos líderes los ha procesado por “delincuencia organizada” y están presos, prófugos o buscando refugio en embajadas de otros países.
De 126 legisladores presentes, 74 votaron a favor del referido respaldo, 46 en contra, y 6 hicieron el “papel de avestruz”.
Esos 46 votos provienen del correísmo y de Pachakutik, el brazo político de la Conaie, es decir de los aliados de siempre.
La mayoría de los ecuatorianos es gente de bien. Tiene como norte de vida el decoro, el trabajo honesto, anhela la paz; condena el crimen organizado, ni se diga el liderado por el narcotráfico, la doble moral, el falso liderazgo en busca de impunidad.
Esos ecuatorianos sacarán sus propias conclusiones tras la cuestionada votación en la Asamblea. (O)
