El nuevo gobierno de Daniel Noboa está cerca de cumplir su primer mes y las condiciones en que debe navegar son adversas: cuenta con apenas 15 meses para sacar a flote al país, carece de recursos económicos y las medidas que aplique estarán influenciadas por la dimensión de lo electoral. No hay lugar para el largo plazo, pero tenemos a una nación de por medio que no puede seguir esperando las coyunturas convenientes para un partido, movimiento o gobernante, sino que demanda la ejecución de políticas de Estado permanentes que cambien de forma decisiva las condiciones de vida de los ciudadanos. Es en ese marco en donde se ubica una tarea que el Ecuador ha postergado por décadas: la reforma laboral.
Es iluso pretender que un gobierno de las características sui géneris como el del presidente Noboa impulse este proyecto que implicaría cambiar una ley que se creó en 1938 y tiene 85 años de vigencia. Y, sin embargo, se trata de una necesidad que, hoy más que nunca, se nos muestra como urgente para dar un impulso verdaderamente profundo y estructural a la economía nacional, apalancándose en el aprovechamiento de su bien más importante: su fuerza de trabajo.
Apenas 3,1 millones de ecuatorianos tienen un trabajo formal en el que laboran 8 horas diarias y ganan, como mínimo, el salario básico. El resto, es decir poco más de cinco millones de personas que integran el resto de la población económicamente activa del país, trabaja en la informalidad e inestabilidad. Aquí es importante desmitificar algo definitivo: una eventual reforma laboral no se estructuraría en función de perjudicar a quienes ya tienen empleo formal, sino con la intención de incorporar en nuevas y mejores condiciones a todo este segmento poblacional que está en la clasificación del empleo no adecuado.
Cuando se habla de reforma laboral, se encienden las alarmas en distintos sectores y entre diversos actores. Por ello es que varios gobiernos no se han atrevido a emprender en ella. Pero mientras tanto, la precarización laboral se va consolidando como un elemento socialmente aceptado y eso no puede continuar. Personalmente soy partidario de que una reforma laboral es la herramienta más potente que tenemos para reactivar la generación de empleo y la ocupación plena del recurso humano.
Evidentemente, existen principios macro que no pueden ser marginados al pensar una reforma laboral, entre ellos el respeto a los derechos y prestaciones a favor de los trabajadores, tales como la afiliación al seguro social; pero también la flexibilidad como un beneficio para quienes deseen emplearse con diversos empleadores y laborar por horas, aprovechando las nuevas modalidades que ahora existen (remoto e híbrido); y además la noción clara de que debe cuidarse también la inversión que hace la empresa privada, para lo cual deben repensarse elementos como el cálculo del 15 % de la participación sobre las utilidades, en un país dolarizado como el Ecuador en donde una tasa de este tipo resulta muy alta y deviene en un costo adicional que para un inversionista internacional es difícil de asimilar.
El país tiene sus necesidades puntuales, marcadas por el crecimiento de problemas realmente angustiantes, pero el actual gobierno también tiene las suyas que están cruzadas por el cálculo político frente a las elecciones de 2025. En manos de Noboa está la decisión: ¿quiere ser un presidente que pase a la historia tomando medidas realmente profundas como la reforma laboral, o ser simplemente una figura más que cuelgue en un cuadro apostado en el salón amarillo de Carondelet? (O)
