Sobre la necesidad impostergable de focalizar los subsidios a los combustibles se habla desde hacía varios años atrás.
Cada gobierno lo ha intentado. Haberlo hecho, cada uno enfrentó levantamientos, con saldo de muertos, heridos, destrucción de bienes públicos y privados, y miles de millones de dólares en pérdidas.
Pero el país de los subsidios para todos no da más. Eso lo supo, por ejemplo, el gobierno de Guillermo Lasso; pero de la intensión o de elaborar alguna fórmula para focalizarlos no pasó.
El precio de la gasolina, exceptuando la Súper, ni se diga el del diésel, favorece a los bolsillos de todos por igual. Se beneficia el dueño de una camioneta de alquiler, de un Suzuki, como el de un Mercedes Benz, y no importa si tiene uno, dos, tres o más vehículos. Así las cosas, estos últimos son los más beneficiados.
Todos parecen entender esa realidad; pero a la hora de la hora nadie se decide por la focalización. Unos por no perder el capital político; otros se aprovechan para incendiar el país y, claro, para sacar réditos electorales.
Según informan los medios de comunicación, durante 2023 el Estado habrá destinado USD 2.230 millones en subsidios a los combustibles, mientras el Gobierno se enfrenta a un faltante de USD 4 mil millones, y todo el mundo le cae encima por las deudas.
El actual ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, se ha referido a tan engorroso como inflamable tema.
Hay mecanismos tecnológicos para la focalización, es decir para identificar a quienes en verdad lo necesitan.
Su plan apunta a ahorrar cuando menos USD 1.000 millones, y focalizar similar cantidad a favor de los de menos ingresos económicos.
Parte del país se ha acostumbrado a esos y a otros subsidios, sin distingo de ninguna índole; y entre los favorecidos están el contrabando, la minería ilegal y el narcotráfico.
Es hora de ponerle coto a ese problema, si es posible con el consenso entre todos. Debe acabar la teoría del “papá Estado”.
