Luego de estos años de expansión de la delincuencia y destrucción de la seguridad jurídica, el proceso de restauración del Estado de Derecho implica necesariamente reformular la política desde 0, para que sea como debe ser: la ciencia y el arte del bien común.
Política, Estado y Seguridad Jurídica, van de la mano para garantizar el desarrollo integral de la comunidad y de la dignidad que todos aspiramos.
En estos días la investigación de la estructura delincuencial realizada por la fiscal general Diana Salazar nos pone en evidencia en más de 14 mil páginas de documentos el nivel de degradación política e institucional que nos afecta, es sin duda alguna el insumo básico del saneamiento del poder público y de las relaciones sociales de toda lacra de corrupción, lo que exige la cirugía mayor para extirpar las mafias que las carcomen e infestan las funciones del Estado.
Bien cabe entonces definir las causas y factores que han hecho posible el desajuste institucional.
La Constitución vigente, redactada en Montecristi con “asesoría” internacional al proclamar la ciudadanía universal con el absurdo de normativas que distorsionan la naturaleza del Estado tales como la prelibertad y disminución del cumplimiento de la pena por buena conducta y la aplicación en franco prevaricato de la acción de protección y del hábeas corpus que blindan a los delincuentes más las múltiples experiencias de impunidad de quienes se han fugado, demuestran la imposición del narco estado en el entramado del hiperpresidencialismo.
Ante este cuadro nefasto, es de legítimo derecho propugnar la depuración del Estado y, una nueva Constitución con la legislación penal que garanticen la seguridad jurídica mediante la acción eficaz de la política asumida por la gente honesta del Ecuador recuperando su sentido fundamental y único de cimiento del Estado de Derecho.
Que el 2024 marque el principio del cambio integral que requiere nuestra sociedad. (O)
