Vuelvo sobre este tema al cual ya me referí porque considero indispensable insistir en algo que puede significar dignidad y alivio para muchos ciudadanos que se vean abocados a sufrir enfermedades que, siendo incurables del todo, lo que hacen es ocasionar mucho, muchísimo sufrimiento a quien las padece y quien, a pesar de desear libremente, por su propia voluntad, terminar ese espantoso sufrimiento no puede hacerlo porque existe un ley que a nombre de una religión que, puede o no ser la suya, le prohíbe optar por la terminación de su martirio.
A los inventores de las religiones, especialmente católica y demás de signo cristiano, originadas de manera incontrovertible de la misma católica, se les ocurrió en algún momento que la vida de los seres humanos es propiedad de su Dios y que, por lo tanto, ninguno de ellos podía disponer libremente de ella. Pero lo más terrible e inconcebible es que se atribuyan el derecho de imponer ese concepto o creencia a todo el mundo, incluyendo a quienes no profesan su religión sin que les importe, en absoluto, las razones para desear terminar con esa vida que se ha convertido el tormento y en un algo nada deseable.
Institución, está libre de influencias de ninguna religión. Así manda la Constitución actual.
Causa una fea impresión escuchar a asambleístas o gobernantes decir que están en contra de una ley porque va en contra de sus principios religiosos. Nadie discute su derecho a profesar la creencia religiosa que a bien tengan, pero eso no les permite actuar como miembros de una religión en el momento de aprobar leyes. Deben investirse de un espíritu laico, es decir libre de creencias religiosas y hacer caso de las técnicas legislativas y de la razón. Recuerdo con indignación alguna vez que Correa amenazaba con vetar una ley, en caso de ser aprobada por el poder legislativo, porque iba en contra de sus creencias religiosas.
Espero que en el caso de la Eutanasia no suceda que las creencias religiosas de los jueces modifiquen su forma de actuar en lo relativo a la aprobación de una reforma al Código Integral Penal para permitir que, cuando se cumplan las condiciones, una persona pueda decidir que su vida termine. (O)
