El valor de consultar al pueblo no puede ser tomado a la ligera. Ecuador tiene una larga trayectoria en ejercicios de democracia directa a través de consultas plebiscitarias o de referéndum. La convocatoria a una constituyente, la ratificación del producto final son eventos de necesaria consulta al pueblo. Algunas enmiendas, estancadas en la conversación política, pueden encontrar una salida en la consulta popular. Es un recurso valioso y necesario y por esa razón no puede ser objeto de manipulación y abuso.
La conversación sobre seguridad, depuración de las instituciones, empleo y producción son los ejes que el gobierno del presidente Noboa ha propuesto en el marco de 11 preguntas enviadas a la Corte Constitucional para su observación, con el objetivo de elevarlas a Consulta Popular. Desde esa perspectiva amplia se puede decir que son temas de trascendencia cuando terminamos el año con más de 7 mil muertes, lo que nos convierte en el país más violento e inseguro de la región. Depurar el sistema judicial de las redes que el narcotráfico y el crimen organizado ha tejido en la ya frágil institucionalidad ecuatoriana se vuelve una preocupación de gran importancia. Y, por supuesto, la creación de nuevas fuentes de empleo y generación de espacios de producción que sean favorables al país. Quién puede oponerse a una conversación sobre estos temas.
Sin embargo, las preguntas, que son las que encaminan la solución a la problemática descrita, no han sido recibidas como una solución de fondo. Más aún si ya están en la normativa jurídica, o pueden encaminarse a través de los acuerdos políticos vigentes en la Asamblea Nacional. En un país con un déficit fiscal que bordea los 10 mil millones de dólares, que a los municipios y prefecturas adeuda más de 900 millones, no puede darse el lujo de designar otros 50 millones, que a todas luces no tiene, para conseguir respuestas que no cambiarían la dirección que sigue el país y que, por lo tanto, desperdician el verdadero valor de consultar al pueblo.
