El envío de 11 preguntas a la Corte Constitucional por parte del Presidente Daniel Noboa, para la realización de una consulta popular, ha provocado cuestionamientos por parte de diversos sectores de la opinión pública.
Es que los temas de la mayoría de preguntas planteadas pueden ser procesados por el Órgano legislativo del país llamado Asamblea Nacional; pues no implican modificaciones a la Constitución sino reformas a Leyes, sobre todo al Código Orgánico Integral Penal (COIP). Incluso, otras preguntas incluyen temas que ya están previstos en la legislación vigente, como el control del porte de armas por parte de las Fuerzas Armadas, o la evaluación y auditoría a los servidores de la Órgano Judicial del Estado.
Por otro lado, si bien 10 de las 11 preguntas se refieren a temas de seguridad, es evidente que la respuesta afirmativa a las mismas, por parte de la mayoría del pueblo, no resolvería los problemas de fondo de la grave y creciente inseguridad que vive el país. No es con la consulta (como también pretendió hacernos creer el entonces Presidente Lasso) se van a resolver problemas como el control de la cárceles por parte de las bandas narcodelictivas, el ingreso de armas y las masacres en estos lugares, la falta de chalecos antibalas y patrulleros para la policía, .la infiltración del narcotráfico y la corrupción de la fuerza pública, la falta de captura y procesamiento penal a asesinos y sicarios, el deficiente control de las frontera y puertos; amén de que no se van a resolver aquellas causas sociales de la delincuencia que tienen que ver con el desempleo, la pobreza y la falta de oportunidades para una vida digna para amplios sectores poblacionales.
Se trata de problemas, entonces, que sólo podrán ir resolviéndose con adecuadas políticas públicas, con acciones eficaces por parte de los entes encargados de la seguridad y con recursos económicos suficientes.
En estas condiciones parecería ser que la consulta tendría básicamente el objetivo político de crear en la población la ilusión de que el Gobierno está cumpliendo con el tema de la seguridad y con el tema del empleo, esto último supuestamente con la autorización del libre funcionamiento de casinos, y de otros lugares de apuesta y juegos de azar (pregunta 11). (O)
